El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó 66 presuntos militantes de partidos políticos que pretendían ser seleccionados para ser capacitadores y supervisores electorales, por lo que emitió medidas cautelares para bloquearlas en dicho proceso de reclutamiento.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, por unanimidad, la procedencia de la emisión de medidas cautelares en seis procedimientos ordinarios sancionadores para evitar que esas personas continúen en el proceso de contratación.
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La Comisión consideró que, al ser militantes partidistas, su participación podría vulnerar los principios de independencia e imparcialidad en la integración o conformación de los órganos electorales que participarán en los procesos electorales federal y locales del próximo año.
Los capacitadores y supervisores electorales forman parte del personal eventual que contrata el INE para colaborar en la formación de quienes participarán como integrantes de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.
Uno de los requisitos principales para ser capacitador o supervisor es el de no haber estado afiliado a un partido político durante el último año.
Los procedimientos fueron iniciados con motivo de denuncias presentadas por diversas personas o de oficio por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y en todos se propuso la procedencia de la medida cautelar ya que “bajo la apariencia de buen derecho y sin prejuzgar del fondo del asunto” se podría estar frente a 66 afiliaciones no indebidas, sino que su inscripción como militantes fue previamente consentida por esas personas, por lo que se debe corroborar su pertenencia o no a los partido político.
Así lo planteó la UTCE con base en la información proporcionada por los partidos políticos, que aportaron cédulas de afiliación, y la recabada por la autoridad electoral.
La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que los casos analizados provienen de dos orígenes: unos, por quejas presentadas por personas que atendieron la convocatoria para ser capacitadores y que las Juntas Distritales les informaron que estaban afiliadas a diversos partidos políticos.
“Esas personas decidieron, en términos de lo normado en la Estrategia de Capacitación Electoral, no solo formular el oficio de desconocimiento de su afiliación, sino proceder a denunciar al partido político mediante una queja y abrir el procedimiento respectivo para lograr su desafiliación y, de resultar indebida la afiliación, poder tener la sanción correspondiente”, expuso.
El otro bloque de asuntos, añadió Zavala, tiene que ver con casos en los que hay evidencia de la afiliación voluntaria de las personas.
“Y a partir de esa evidencia, hacer las diligencias preliminares y si hay una constatación preliminar que las personas que está acudiendo a la convocatoria están afiliadas a algún partido político, dictar como medida cautelar que no continúen en el procedimiento de selección de capacitadores y supervisores electorales”, dijo.
La consejera aseguró que seguirá la investigación de los 66 casos, pero advirtió que “el objeto de la medida cautelar es, justamente, que no se vaya a consumar alguna violación a los principios y permitir que personas que no cumplen con el requisito puedan estar incorporadas como supervisores o capacitadores electorales”.
IOG