El Instituto Nacional Electoral (INE) validará este jueves, que ninguna de las más de cuatro mil candidaturas federales, tiene un supuesto de inelegibilidad por cometer violencia política de género, por lo que no cancelará ningún registro por la nueva '8 de 8' que busca impedir que los violentadores lleguen al poder.
En Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, se determinó que tras más de un mes de investigación, no se detectaron casos en los que personas candidatas tuvieran sentencias firmes por algún supuesto de la '8 de 8'.
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La consejera Carla Humphrey acusó que el INE se quedó corto, pues está validando candidaturas no porque se acredite que no tienen sentencias por violencia sino porque algunas autoridades estatales no cumplieron con la entrega completa de la información.
“Me parece que nos quedamos cortos y cortas, creo que estas temporalidades para casos en los que ya haya antecedentes, sentencias o resoluciones administrativas, deja de lado el origen o el objetivo de la propia reforma que es hacer que las personas violentadoras no ocupen espacios de elección popular o cualquier cargo público vía designación o nombramiento”.
Las áreas técnicas explicaron que se revisaron las cuatro mil 485 candidaturas propietarias y suplentes a nivel federal, adicional a las 387 sustituciones que se aprobaron después, y requirieron información a 52 autoridades instituciones federales, tribunales superiores de justicia y registros de personas morosas.
En un primer requerimiento, respondieron 40 autoridades, el 90.4 por ciento y además, recibieron siete escritos libres y siete formularios de la ciudadanía con señalamientos contra 13 personas candidatas.
Tras un nuevo requerimiento, las autoridades locales señalaron 461 posibles hallazgos lo que llevó a un nuevo proceso de verificación, primero comprobar que la candidatura registrada siguiera vigente y no hubiera sido destituida; después, retomar datos personales como clave de elector y RFC para descartar homonimias, y si lo que se acusaba correspondía a la '8 de 8'.
Es decir, la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política o haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Después, analizar si existía una sentencia firme y la temporalidad que correspondiera a la reforma en la materia.
En 22 casos se detectó una posible actualización de un supuesto de '8 de 8', del 2 al 7 de mayo se emitieron oficios para dar vista a candidaturas y partidos políticos para que en tres días naturales respondieran y 20 personas candidatas se concluyó que ninguna actualiza, mientras que en los dos casos restantes, no ejercieron su derecho de audiencia.
Sin embargo, del análisis de la información se determinó la no afectación a sus candidaturas, porque no se actualizaba una sentencia firme y además, la mayoría de estas personas entregaron una carta de protesta de decir verdad de que no tenían esos antecedentes.
A petición de la consejera Dania Ravel, se le exigió esta carta a todas las candidaturas en estos supuestos, y dejaron claro que si en los próximos días se recibe más información, el estatus de alguna de las personas implicadas puede cambiar.
La consejera Carla Humphrey votó en contra de varios casos, por considerar que no está firme el considerar que no tienen antecedentes de violencia.
“Estoy en contra del caso 10 porque a la fecha, la candidatura se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos en el Estado de México, el que exista una suspensión a mi caso no es suficiente porque no sigue firme.
“Y en el caso 11 también, si bien dice que no solicitó la cancelación de su registro estamos en el mismos supuesto, esta autoridad no tiene acreditado ni ningún oficio de que esa persona ya no estará registrada, por lo que no podemos sacar conclusiones”.
También criticó que se protejan los nombres de las personas implicadas porque esto impide que la ciudadanía pueda alertar a la autoridad electoral si tiene indicios adicionales sobre algún antecedente de violencia.
Finalmente, el resto de las consejerías de ambas comisiones avalaron todas las propuestas y este jueves será aprobado por el Consejo General del INE.
IOGE