Representantes de la coalición Fuerza y Corazón por México se reunieron con magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para explicar sus peticiones para que aprueben que el Instituto Nacional Electoral (INE) incumplió “total o deficientemente” la sentencia sobre prevenir la violencia en la contienda electoral con la creación de mapas de riesgo.
“Se pronostica que el proceso electoral 2023-2024 puede ser el más violento en la historia” advirtieron los partidos en sus alegatos.
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Los partidos de oposición PAN, PRI y PRD presentaron un recurso por inejecución de sentencia en contra del Consejo General del INE, al considerar que las órdenes que la Sala Superior del TEPJF para que la autoridad electoral generara acciones preventivas para blindar las elecciones de la intervención del crimen organizado, se incumplieron.
MILENIO tiene una copia de los alegatos que se presentaron en esta reunión privada de audiencia de oídas, en la que participaron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y el magistrado Felipe Fuentes, con los representantes de la oposición como Kenia López Rabadán y Ángel Ávila, además de Jorge Alberto Medellín Pino, Mauricio Corona Espinosa y Raymundo Bolaños Azócar.
Los partidos alegaron que consideraban que “no fueron cubiertas al 100 por ciento”, las sentencias que el TEPJF emitió luego de que se acreditó la intervención del crimen organizado en la elección de Michoacán y Tamaulipas, que llevó a anular casillas en las zonas donde se demostraron estos actos de violencia.
La respuesta a estas sentencias, se dio en las últimas semanas de la presidencia de Lorenzo Córdova y el cambio de consejerías, y tuvo como argumento principal que la autoridad electoral no tiene facultades de seguridad y que no pueden crear mapas de riesgo porque pondrían en peligro al personal electoral que está en campo.
La oposición expuso a las magistraturas electorales cada punto ordenado en la sentencia y a su consideración, sin cumplimiento pleno.
Destacaron en los “incumplimientos totales”, generar mapas de riesgo para conocer las zonas con mayores incidencias delictivas que pudieran implicar riegos en la contienda; crear filtros de investigación aplicables a las candidaturas para evitar la participación de personas vinculadas a grupos criminales; y reglamentar una facultad de atracción permanente en elecciones locales donde se adviertan altos riesgos de violencia.
Como “incumplimientos deficientes”, expusieron la elaboración de un protocolo de guía y actuación para zonas con presencia del crimen organizado, pues consideraron que el INE se limitó a un protocolo de seguridad que “resulta insuficiente pues únicamente contempla situaciones de especial gravedad y sólo para algunas candidaturas”.
Celebrar foros y consultas con expertos en seguridad, pues el INE sólo estableció dos mesas de trabajo “en las que las soluciones planteadas han sido deficientes”.
Y como “cumplimiento parcial”, celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales, porque “no se han diseñado metodologías de acción suficientes para garantizar la seguridad de todos los actores en el proceso electoral”.
Oposición pide intervención para garantizar seguridad en elecciones
También expusieron que ante, al menos 18 asesinatos de actores políticos en este proceso electoral, hay evidencias de que urge la intervención decidida para blindar la elección en curso.
Consideraron que el incumplimiento del INE atenta contra el sufragio libre, secreto, directo, intransferible y universal; porque “en múltiples ocasiones los candidatos son asesinados, son obligados a no postularse o declinar su candidatura; se coacciona a los funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades en la documentación electoral.
“Hay alteración y distorsión de los resultados electorales, se presenta desestabilización del sistema democrático a partir de la falta de legitimidad de las instituciones y autoridades electorales, y se prenden las alertas del financiamiento ilícito”.
La Sala Superior deberá analizar si hubo un incumplimiento del INE y si es necesario darle alguna orden adicional a las señaladas desde 2021 tras la elección de Michoacán.
En un comunicado, el TEPJF señaló que “la magistrada Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes reiteraron el compromiso del TEPJF de preservar los principios de independencia y autonomía en cada uno de los fallos adoptados por la Sala Superior de esta institución, mismos que siempre responderán al marco jurídico vigente”.
IOG