La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, eliminar videos de varias conferencias de prensa de sus respectivos gobiernos en los que emitieron diferentes expresiones que estarían violando su deber de neutralidad y de no intervención en el proceso electoral en curso.
En casos distintos, el PRI denunció la intervención del gobernador de Movimiento Ciudadano y a la gobernadora de Morena por usar sus cargos para intervenir en los procesos electorales, uso indebido de recursos públicos y vulneración a sus deberes constitucionales de no afectar la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.
En el primer caso sobre Samuel García, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó por unanimidad ordenar al gobernador eliminar el video de la conferencia de prensa que realizó el pasado 8 de febrero titulada “Nuevo León informa”, en la que habló de personas que participan en el equipo de campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, y de los partidos políticos PRI y PAN que van en alianza.
Las consejerías consideraron que es procedente que elimine o modifique el material debido a que el gobernador hizo manifestaciones que pudieran afectar la equidad del proceso electoral en curso, así como la trasgresión de la neutralidad e imparcialidad”.
Mientras que en el caso de Marina del Pilar, el PRI denunció las conferencias locales encabezadas por la gobernadora el 9 y 24 de enero, y el 15 de febrero en las que también se refirió al proceso electoral en curso.
Por lo que ordenaron que elimine o modifique el contenido, pues “hizo manifestaciones que pudieran afectar la equidad en el proceso electoral que se encuentra en curso, así como la transgresión de los principios de neutralidad e imparcialidad”.
En ambos casos, se negó conceder una tutela preventiva para advertirles que no pueden realizar acciones como éstas, se negó por tratarse de hechos futuros de realización incierta.
Sin embargo, sí hicieron un llamado para recordarles que no son parte del proceso electoral, que tienen la función de titulares de un Ejecutivo local y que tienen prohibiciones legales y constitucionales, que les impiden realizar expresiones que busquen influir en la contienda, ya sea a favor o en contra de alguna propuesta, partido o eventual candidatura.
La consejera presidenta de la comisión Claudia Zavala señaló que este llamado es fundamental, pues en una semana iniciarán las campañas y se debe reforzar el deber de cuidado de los gobernantes.
“Estos asuntos tienen que ver con el cuidado de la contienda electoral y la exigencia a las y los servidores públicos y sobre todo, a los gobiernos de todos los niveles sobre la no intervención.
“Lo que vemos es que desde las conferencias que se hacen con gobernadores y gobernadoras hay una tentación de posicionarse frente a personas que participan en actos de contienda electoral, lo que está prohibido y tendrá sentido mayor ahora que comencemos a proceso de campaña”.
El uso indebido de recursos públicos y, si se acredita algún ilícito electoral por estas acciones, las determinará, como en todos los casos, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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