El Consejo General del Instituto Nacional Electoral investigará a fondo supuestas retenciones salariales a trabajadores de confianza del gobierno estatal de Colima para presuntamente trasladar los recursos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, pues se tienen elementos de prueba como testimonios de afectados, comprobantes de variaciones quincenales y transferencias por concepto de “regalo” a la abanderada de Morena.
Por mayoría de votos, el Consejo General aprobó rechazar la propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización de declarar infundadas las denuncias por supuestas retenciones salarias ilícitas a por lo menos 250 trabajadores de confianza del gobierno estatal de Colima, que encabeza la morenista Indira Vizcaíno.
Este caso se derivó de una denuncia presentada por el candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tras notas periodísticas que exhibían un apoyo aparentemente irregular del gobierno de Colima hacia las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, que podrían implicar desvío de recursos públicos.
La Unidad Técnica de Fiscalización desplegó la investigación respecto a 250 trabajadores de confianza, a los que presuntamente se les aplicaba una retención salarial del 5 por ciento para beneficiar a Claudia Sheinbaum, pero concluyó que las pruebas eran insuficientes por sí solas.
Sin embargo, el consejero Martín Faz se manifestó en contra, pues consideró que hay indicios que sí pudieron confirmar las retenciones de enero a agosto de 2023, así como variaciones en depósitos quincenales, y el reconocimiento de un par de trabajadores de retenciones, lo que podría implicar que, en el resto que lo rechaza, esté influyendo el compromiso laboral.
En el proyecto de la propia Unidad Técnica de Fiscalización, se exhibe que una empleada detectó un movimiento bancario por concepto “Claudia”, que coincide con el reconocimiento de un par de trabajadores de que las retenciones salariales iban de entre 100 a 300 pesos.
Además, la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestra que Claudia Sheinbaum recibió dos transferencias de 40 mil pesos el 29 de septiembre, con la denominación “regalo”, sin que quede claro su origen ni destino.
En la investigación, se implicaron a las dependencias del gobierno de Colima, como la Secretaría General de Gobierno, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Bienestar e Inclusión Social y Mujeres; Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano y Movilidad, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría del Desarrollo Económico, Secretaría del Trabajo, Subsecretaría de la Juventud, Subsecretaría de Cultura, Subsecretaría de Trabajo, Comisión Estatal del Agua, DIF Colima, Instituto para la Atención de Adultos Mayores y Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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El proyecto explica que, de los requerimientos que el INE realizó a dependencias del gobierno de Colima, “la totalidad de las autoridades requeridas respondieron que es falso que haya existido retención alguna a los sueldos y salarios de sus trabajadores”.
También indican que “Claudia Sheinbaum Pardo, dio contestación al emplazamiento en términos alusivos a que las pruebas técnicas carecen de valor probatorio, argumentando que no son plenas y poniendo en duda la veracidad de los hechos narrados en ellas, las califica como simples deducciones subjetivas y contradictorias que no generan certeza de circunstancias de modo, tiempo y lugar para permitir presumir la existencia de una inferencia válida entre los hechos”.
Incluso se hicieron requerimientos al ex canciller y ex aspirante presidencial Marcelo Ebrard por sus dichos respecto a la intervención de áreas del gobierno federal y gobernadoras para favorecer a Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena, que derivó en la selección de la candidatura presidencial.
Sin embargo, Ebrard no fue localizado en ninguno de los domicilios de los que el INE tuvo registro.
El consejero Martín Faz expuso que la Unidad Técnica de Fiscalización no hizo requerimientos directos a las personas que notas periodísticas señalan como los operadores de una supuesta red de financiamiento paralelo.
Destacó que, con un requerimiento a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado, con la que se obtuvieron los archivos de nóminas de personal confianza 2022 y nóminas de personal confianza 2023, “se observa sin aparente explicación una continua variación de los montos depositados cada quincena”, sin que esto se haya rastreado por la UTF.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se revisaron los estados de cuenta de 250 personas, entre funcionarios integrantes de la nómina de diversas dependencias del gobierno del estado de Colima, del periodo comprendido del mes de enero a agosto de 2023, de los cuales se pudo identificar las retenciones y abonos realizados a las mismas”.
El consejero agregó que, en las entrevistas que se hicieron a 249 personas trabajadoras, se debería tener sensibilidad al cuestionarles si “si sufrieron algún tipo de retención ilegal de su salario o si fueron intimidados para entregar un porcentaje de su sueldo en efectivo", pues continúan prestando sus servicios para la misma administración, lo que podría dirigir el sentido de sus respuestas o simplemente justificar su negativa a no contestar.
“Razón por la cual la unidad debe explorar las vías jurídicas que se tengan al alcance, para garantizar algún tipo de protección o confidencialidad de los datos de las personas que ofrezcan un testimonio que les pueda significar algún tipo de prejuicio”.
Por lo que propuso que el proyecto fuera devuelto para que la Unidad Técnica de Fiscalización realice una investigación a fondo, pues, al tratarse de un tema complejo, se vuelve muy complicado llegar a una conclusión en unos cuantos días, cuando en casos similares se han llevado años en resolver.
Lo que fue aprobado sólo con el voto en contra del consejero Uuc-kib Espadas, para que se desahogue la investigación de forma exhaustiva.
El último caso similar que el INE tuvo a cargo, fue el de las retenciones salariales de trabajadores de Texcoco bajo la gestión de Delfina Gómez.
Para acreditar estos ‘moches’ que beneficiaron a Morena, el INE se llevó tres años de investigación para lograr pólizas, cheques de transferencias, solicitudes de descuento y pruebas suficientes para que el Tribunal Electoral confirmara este esquema de financiamiento ilícito.
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