El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que las mujeres que ostenten una candidatura deberán recibir la mitad del financiamiento público con el que cuente su partido político y acceder a la mitad de los tiempos en radio y televisión para promover su campaña electoral.
Al resolver una impugnación presentada por Movimiento Ciudadano, la Sala Superior del TEPJF ratificó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se estableció una distribución paritaria de los recursos públicos, al pasar del 40 al 50 por ciento de financiamiento destinado a las mujeres.
El proyecto aprobado fue planteado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien argumentó que el incremento aprobado se alinea con la obligación de los partidos de postular mujeres en, al menos, el 50 por ciento de las candidaturas durante los procesos electorales.
Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del INE al considerar que con la determinación de distribuir paritariamente los recursos excedió sus facultades reglamentarias, invalidó la competencia del Legislativo federal y vulneró los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.
La sentencia de la Sala Superior desestimó los agravios de MC y concluyó que el INE sí cuenta con facultades para emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres.
Además, se consideró que es razonable el aumento en el porcentaje de la distribución de las prerrogativas, pues así se asegura una competencia en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres.
Al exponer su proyecto, el magistrado De la Mata argumentó que, “si los partidos políticos están obligados a postular en la mitad de las candidaturas a mujeres, ¿por qué no creeríamos que las mujeres deben tener acceso igualitario a las prerrogativas de los partidos para el desarrollo de las candidaturas?”
Dijo que “adoptar tal postura, es el primer paso para tratar de nivelar el terreno en la contienda, y superar las barreras de participación política a fin de corregir las desventajas históricas en que se ha colocado a las mujeres; estimo que garantizar el acceso igualitario a los recursos y a los tiempos del Estado en campaña para las mujeres es coherente con los principios de igualdad de género y los derechos humanos”.
Al respecto, la magistrada Mónica Soto pidió socializar y difundir de manera muy amplia cuál es el presupuesto que tienen los partidos políticos para que haya transparencia en los recursos que les corresponden a las candidatas.
“Que se difunda de manera general, con toda la transparencia que obliga este tema, pero también directamente a las mujeres que son o serán candidatas en sus partidos políticos; que sepan cuál es la bolsa total, cuánto es el 50 por ciento y cómo se va a distribuir entre el número o la totalidad de las candidaturas, tanto masculinas como de mujeres”, dijo.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora expresó que “de nada o de poco sirve que aprobemos proyectos en los que se ordena una paridad en la postulación de candidaturas, incluso respetando justamente un mayor número de candidaturas, como fue el caso de la semana pasada, cinco mujeres, cuatro varones, si a estas candidatas no se les da el mismo monto de financiamiento de los recursos del partido para, justamente, contender por cargos de elección popular”.
Advirtió que “de no hacerlo de esta forma, caeríamos finalmente en una falacia, en cuanto a la paridad”.
EHR