Jorge Alatorre, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), demandó que, en este año electoral, se castigue efectivamente el dinero ilegal que se mueve en las campañas políticas.
“Si bien es cierto que es muy preocupante que una persona se robe una urna o que no permita votar a otra persona, o los actos anticipados de campaña, a mí me preocupa mucho la gran cantidad de dinero que está comprando voluntades y que está siendo que el proceso electoral en sí carezca de sentido”, advirtió en entrevista con MILENIO.
Además, a unos días de que concluya su gestión al frente del Comité Coordinador del SNA, el académico jalisciense confió en que la persona que gane las elecciones presidenciales mantenga con vida al sistema anticorrupción, le dé tiempo y comprenda que está en vías de consolidación.
“El combate a la corrupción no es una cuestión de voluntades ni de barrer escaleras, sino de pasos sistemáticos que van a llevar una buena cantidad de tiempo. No llegamos a donde estamos en un sexenio y definitivamente, no saldremos en uno”, resumió.
Alatorre alertó que en México se ventilan con frecuencia tantos casos de corrupción que, lejos de exigir que se castigue, la sociedad está normalizándola.
“Está habiendo tantos casos, que se está generando una normalización en la sociedad y eso está muy mal”, lamentó.
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Anticorrupción y elecciones
Frente al proceso electoral que se vive en el país, Alatorre exhortó a que el flujo ilegal de dinero en campañas realmente se castigue.
“Que una serie de conductas repetitivas sean efectivamente fiscalizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; no hemos visto una eficacia importante a lo largo de los años por parte de la Fiscalía”, criticó el académico.
El presidente del SNA enfatizó que debe seguirse la ruta del dinero que financia las campañas.
“Porque si la persona por la que estamos votando ya tiene dueño, el voto se vuelve algo legitimatorio de una decisión ya tomada (sic); necesitamos poner énfasis y mayor trabajo en conjunto, no solamente con la Fiscalía, sino con la Unidad de Inteligencia Financiera para que podamos encontrar los flujos que están alimentando las elecciones de una forma ilegal y que están prostituyendo la voluntad popular”, exigió.
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Efectivo, difícil de rastrear
El de Alatorre no se trata de un reclamo nuevo. Al respecto, existe el antecedente de propuesta de política pública formulada por la empresa consultora Integralia y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las cuales, después de la elección presidencial de 2018, definieron una serie de elementos a atender para combatir el dinero ilícito en las campañas electorales.
“Buena parte de los gastos que no se ven son difíciles de detectar porque se pagan en efectivo o con mecanismos complejos que pasan desapercibidos por el sistema financiero”, advirtieron.
En su investigación “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, propusieron, entre otras medidas, establecer un sistema integral de fiscalización en el que participen la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, las instituciones fiscalizadoras estatales, la Unidad de Lavado de Dinero de la (entonces) Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“La existencia de sofisticados mecanismos para financiar ilegalmente las campañas ponen en evidencia que los flujos de recursos van más allá de los tiempos electorales, por lo que es un error pensar que la autoridad electoral, por sí misma, es capaz de eliminar el uso de dinero ilegal en las elecciones”, concluyeron ambas organizaciones.
Por otra parte, en una investigación publicada en Nexos, en 2023, los politólogos Sergio Bárcena, Edwin Atilano Robles y Julio Téllez advirtieron que la influencia del dinero ilegal en la política mexicana es “un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en las últimas elecciones federales y locales”.
En su artículo ¿Cuánto cuesta una curul? Elecciones y dinero (lícito) en México, aseguraron que la naturaleza no rastreable de ese dinero genera preguntas respecto de candidatos y campañas como: “¿hasta qué punto podrían estar compensando lo que no reciben de recursos públicos declarados?”
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¿Normalizar la corrupción?
El pasado 13 de enero, la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) presentó 10 indicadores que se usarán para medir los avances y retrocesos que se van teniendo en la lucha contra la corrupción.
Uno de ellos es el Índice de Normalización de la Corrupción, el cual, medirá qué tan aceptable es ésta, lo que será un “indicativo de los valores que la sociedad considera importantes”.
Al respecto, Jorge Alatorre, quien dejará de ser presidente del SNA el 6 de febrero, aseguró que todos los casos de corrupción del actual sexenio que se ventilan en la prensa deben ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos.
“Casos hay todos los días, de hecho, podemos encontrar tres, cuatro casos… Está habiendo tantos casos, que se está generando una normalización en la sociedad y eso está muy mal”, advirtió.
“Los casos que tienen suficientes indicios son competencia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, corresponde a ellos ver qué tanto existe que pueda ser probado detrás de estos casos, que son muy escandalosos y recurrentes”, afirmó.
Pero más allá de las investigaciones caso por caso, Jorge Alatorre, explicó que el SNA tiene la encomienda de identificar las dinámicas que permiten su existencia.
“La lógica del sistema no es de casos, sino de dinámicas. Lo que estamos viendo es que las adjudicaciones directas deben acabar y el sigilo con el cual se están haciendo las compras, con la excusa de seguridad nacional, también debe de abolirse”, señaló.
MO