La lucha de Xóchitl Gálvez para que el INE resuelva cientos de quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y Claudia Sheinbaum fracasó, en definitiva, este miércoles.
El Tribunal Electoral rechazó que exista una omisión para resolver y concluyó que acusar que estas denuncias podrían tener incidencia en la validez de la elección presidencial, es mera especulación.
Este asunto, dividió al Tribunal Electoral con tres votos en contra y dos a favor del proyecto que proponía darle celeridad a al menos siete de las quejas pendientes, pero finalmente se aprobó dejar el estatus de 396 quejas tal y como está, sin que haya una obligación de que sean consideradas en la validez de la elección presidencial o que se resuelvan antes de esa votación.
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Xóchitl Gálvez presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que formalmente, se ordene a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que concluya 396 quejas que tienen relación con inequidad o irregularidades en el proceso electoral federal, y las remita a la Sala Regional Especializada para que determine si hubo o no ilícitos electorales, antes de que se resuelva la validez de la elección presidencial.
En un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se detallaba que de estas 396 quejas expuestas por Xóchitl Gálvez, 291 se refieren a supuestas infracciones cometidas por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y virtual presidenta electa, 60 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y 45 por Morena.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Sala Especializada respondieron a la Sala Superior que de las que señaló la ex candidata presidencial de la oposición, sólo se acreditó la existencia de 363.
De éstas, 139 ya fueron desechadas, 188 ya se resolvieron por el INE y se remitieron a la Sala Regional en donde están en trámite y 29 tienen ya programada audiencia de pruebas y alegatos. Mientras que sólo siete están pendientes de trámite en el INE.
Por lo que el magistrado propuso ordenar al INE darle celeridad a resolver estas siete quejas pendientes, al acreditar que no existe una omisión generalizada como acusó Xóchitl Gálvez, pero sí un posible retraso en estos siete casos.
La magistrada Janine Otálora fue la única que respaldó el proyecto, al considerar fundamental que los procesos pendientes se resuelvan de inmediato, pues está acreditado que su resolución no ha sido ágil, como ordena la legislación en estos casos.
“El Procedimiento Especial Sancionador es la vía para conocer de hechos que infringen la normativa electoral durante los procesos electorales, y dada su naturaleza e impacto que pudieran tener en el desarrollo de este proceso, se debe exigir la celeridad para resolver estas quejas.
“Cuando los hechos puedan incidir en la contienda electoral, se deben atender en los plazos sumarios y ágiles del Proceso Especial Sancionador que involucra a dos autoridades, tanto la instructora como la resolutora y es nuestro deber velar no sólo de la Unidad Técnica sino las Salas del Tribunal Electoral para tener una debida resolución de estos procesos”.
Sin embargo, el bloque mayoritario rechazó la propuesta principalmente, porque Xóchitl Gálvez ni siquiera es la promovente de todas las quejas que acusa, por lo que ni siquiera tendría interés jurídico en hacer esta petición.
El magistrado Felipe Fuentes, uno de los dos a cargo del proyecto de validez de la elección presidencial, sostuvo que cualquier persona no puede impugnar omisiones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral mucho menos, si no presentó argumentos sólidos para hacerlo.
“Se limita (Xóchitl Gálvez) a mencionar de manera genérica que quiere evitar que se continúen perpetrando vulneraciones a la normativa electoral, en ese sentido, calificaría esas expresiones como un interés simple. Las y los candidatos pueden cuestionar, pero esa posibilidad debe sustentarse sobre una base subjetiva de que exista certeza de que dichas irregularidades deben tener un impacto en un proceso electoral y eso no sucede en este caso”.
Y remató con que el argumento de la excandidata de la oposición respecto a que la resolución de estas quejas “pueda tener incidencia en la validez de la elección es mera especulación”.
A lo que Rodríguez Mondragón concluyó que “no sabemos si se va a concluir si hay una transgresión o no y eso es irrelevante en este asunto, lo relevante es dar un trato integral a las candidaturas como partícipes del proceso electoral y ser garantes de que los mecanismos funcionen conforme están previstos por el legislador, es decir, con la celeridad, prontitud y expedites con el que fue diseñado el sistema desde hace 20 años.
“Tiene como finalidad dar garantías de que el proceso electoral se rige bajo el Estado de derecho previsto en la legislación para tener elecciones equitativas, no se basta de restituirle un derecho personal o violaciones en esfera personal, es la esfera del proceso electoral”.
La magistrada presidenta, Mónica Soto, respaldó a Fuentes, argumentando que el juicio incluso es improcedente pues Gálvez sólo promovió directamente seis de las 396 quejas que alega, y tres de éstas ya fueron desechadas y otras tres están en espera de resolución en la Sala Regional Especializada.
Por lo que coincidieron en que no existe omisión del INE, que el proceso ha seguido su curso y que la resolución o no de estas quejas, no tiene impacto determinante en el llamado ‘juicio madre’ sobre la validez de la elección presidencial y reconocer los resultados de las elecciones.
Así, queda cerrada la insistencia de Xóchitl Gálvez para frenar la resolución de la declaratoria de validez hasta que el INE y la Sala Regional Especializada concluyera estas quejas, con lo que el proceso del ‘juicio madre’ continuará sin ningún retraso con la intención de resolverse en agosto, antes, de la fecha límite del 6 de septiembre.
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