De forma inédita, la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, propuso que para evitar que las sentencias por ilícitos electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores sigan siendo “letra muerta” ante la imposibilidad de sancionarlos, se elabore un cuadernillo de intervenciones indebidas al actual proceso electoral y que afectan la equidad de la contienda, para considerarlos al validar la elección presidencial.
Con este nuevo registro de sentencias y resoluciones por ilícitos electorales ya palomeado previamente por todas las magistraturas, aunque el TEPJF esté imposibilitado de imponer sanciones a los titulares del Ejecutivo, generará un efecto preventivo para que gobernadores, gobernadoras y el propio Presidente, reflexionen posibles intervenciones a la contienda, si esto podría afectar los resultados de la contienda presidencial.
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La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto en el que confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que acreditó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió una vez más, en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda durante el evento del 1 de julio de 2023 en el zócalo capitalino denominado Aniversario del Triunfo Democrático del Pueblo de México.
Consideraron que el discurso del Presidente en el que llamó explícitamente a votar por las candidaturas de su movimiento y así refrendar el triunfo de la Presidencia y además, tener la mayoría en el Congreso de la Unión había sido ilícito.
Sin embargo, la magistrada incluyó en su proyecto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene la elaboración de un cuadernillo de sentencias electorales y resoluciones del INE de este tipo de acciones, tanto del Presidente como de las y los gobernadores, o el Jefe de Gobierno, pues la Constitución impide que se les pueda sancionar a los titulares del Ejecutivo local o federal.
La magistrada destacó que tras varias sentencias acreditando estas intervenciones, es necesario “ponderar la incidencia que pudieran tener aquellas situaciones declaradas antijurídicas en los aspectos relevantes para la validez de las elecciones”.
Señaló que si la contienda electoral ya está corriendo, es indispensable que en la validez de las elecciones, se consideren estas intervenciones indebidas que violan la prohibición constitucional de que los gobiernos y gobernantes busquen influir en la decisión ciudadana.
“Que se forme un cuaderno auxiliar en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones ya definitivas de esta Sala Superior en las cuales se determinen o se confirmen violaciones a las condiciones de equidad en la contienda, violaciones a la neutralidad del Estado y sus agentes y órganos respecto de la contienda electoral, a la prohibición del desvío de recursos públicos en la elección, así como a las reglas en materia de modelo de comunicación política y de fiscalización de los recursos en la campaña electoral”.
Janine Otálora recordó que en el caso del Presidente no hay posibilidad de aplicar sanciones concretas, y en los titulares de los Ejecutivos locales se remite a los congresos estatales que no aplican ninguna amonestación, por lo que las sentencias son letra muerta.
“En la revocación de mandato emitimos sentencias y sentencias sobre intervención en la revocación de mandato y eso quedó en letra muerta, sinceramente, y en lo que vamos de este proceso vamos por lo mismo, con sentencias que acreditan violación a principios constitucionales que deben regir un proceso constitucional y que siguen siendo, hoy por hoy, imposible que tengan alcance porque estamos en la imposibilidad de sancionar a toda una serie de funcionarios y funcionarias como son los titulares de los Ejecutivos, tanto estatal como federal.
“Considero indispensable este cuaderno de antecedentes vinculado con la calificación de la elección presidencial en la que se vayan registrando todas las sentencias y resoluciones emitidas por las autoridades electorales, y que este pleno tenga la herramienta para que al momento que llegue la calificación presidencial”.
Presidenta del TEPJF propone catálogo de sancionados
La magistrada presidenta, Mónica Soto, propuso “ir más allá” con un catálogo de sujetos sancionados como lo hace la Sala Regional Especializada para tener un registro de resoluciones firmes que acrediten irregularidades cometidas, no sólo en la elección presidencial sino por cualquier funcionaria o funcionario que infrinja el artículo 134 constitucional.
“Que la persona servidora pública haya realizado propaganda gubernamental personalizada fuera de los plazos permitidos en la legislación correspondiente o que haya utilizado los recursos públicos para influir en favor de una candidatura o un partido político dentro de un proceso electoral.
“Es decir, de cualquier proceso electoral y no nada más limitarlo a la elección presidencial, pues todos los procesos electorales guardan las mismas características, importancia y condiciones de principios que deben de guardar”.
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, consideraban que las propuestas eran distintas, o el catálogo de Soto no supliría el cuadernillo que proponía el proyecto, pues el segundo se enfocaba en la elección presidencial por la injerencia de funcionarios de primer nivel, mientras que el catálogo sería genérico.
Finalmente, ante el acuerdo de todas las magistraturas por avanzar en este inédito mecanismo pero sin tener claridad de cómo empalmar ambas propuestas, la magistrada Otálora retiró su proyecto para posponer la votación y presentar una nueva propuesta que determine cómo volverla viable.
De esta manera, se establecería una acción preventiva para frenar la intervención de gobernadores, gobernadoras, el Presidente e incluso funcionarios de otros niveles, que generen inequidad en la contienda y que éste pueda ser un elemento por el que se busquen impugnar los resultados de la elección presidencial e incluso, de la renovación del Congreso de la Unión.
Sesión pública del TEPJF
IOG