El aspirante presidencial Eduardo Verástegui Córdoba lleva dos años haciendo campaña entre diputados, alcaldes, jueces, fiscales y otros servidores públicos. Sus propuestas de cómo debe combatirse el abuso sexual infantil se ha colado discretamente en nueve gobiernos estatales, 14 municipales y seis congresos locales, además de varios Tribunales Superiores de Justicia regionales.
Aún sin contar con credenciales como experto en trata de menores, el actor y productor se ha anclado en el éxito de su película "Sonido de libertad" para llevar sus ideas hasta instancias gubernamentales, muchas veces con el apoyo financiero de organizaciones extranjeras de filo conservador. Su mensaje ha sido oído en auditorios adonde acuden ciudadanos de a pie.
Mientras la panista Xóchitl Gálvez lleva cuatro meses bajo el escrutinio de la opinión pública y la morenista Claudia Sheinbaum ha tenido que reportar sus actividades y gastos proselitistas al Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Verástegui lleva más de 700 días en las sombras de los edificios del poder, alejado del escrutinio social.
Pese a ello, hasta el 25 de septiembre, lleva recolectadas 14 mil 137 del casi millón de firmas que requiere para registrarse en febrero próximo como candidato presidencial independiente. De acuerdo con una nota de este diario, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco han aportado la mayor cantidad de respaldos, aunque también cuenta con una buena cantidad de seguidores en Aguascalientes y Guanajuato.
Una investigación de MILENIO, basada en información obtenida vía mecanismos de transparencia, revela que a través de su fundación Movimiento Restaurador Viva México A.C., conocida también como Movimiento Viva México (MVM), Verástegui ha firmado una treintena de acuerdos o cartas de intención para prevenir la trata y el abuso sexual infantil con los gobiernos de nueve estados: Aguascalientes, Baja California, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán; así como con 14 alcaldías: Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Colima, Culiacán, Chapala, Irapuato, Ensenada, Gómez Palacio, Guadalajara, Mérida, Puerto Vallarta, San Luis Potosí y Torreón.
Pero no paró ahí, hasta agosto pasado ya había firmado sendos acuerdos con los congresos del Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), los cuales se comprometieron a revisar y endurecer las leyes, impulsar presupuestos y capacitar a los legisladores con mecanismos existentes en el derecho internacional para combatir el flagelo de la trata de infantes.
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Los gobiernos acuerdan establecer políticas públicas, mecanismos y estrategias de colaboración preventiva, promover protocolos de actuación y revisar licencias de funcionamiento; en algunos casos también se comprometen a crear refugios para las víctimas de trata.
La Fundación, por su parte, se compromete a compartir mecanismos y protocolos de actuación y prevención, capacitar a las autoridades para la persecución del delito, ocuparse de la atención y la rehabilitación de las víctimas, así como promover códigos de conducta en el sector turístico y de transportes.
Las partes, por cierto, evitarán la burocracia excesiva y no tienen considerado comprometer recursos públicos; aclaran que estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y que no generan contraprestación económica, por lo que no están obligados a dar parte del acuerdo a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP) ni a las contralorías estatales o municipales.
En algunos casos, como Nuevo León, Quintana Roo o Yucatán, firmaron el acuerdo organismos externos como la National Association of Attorney General, el fiscal general de Utah, Sean Reyes –quien logró el rescate de 55 niños y niñas víctimas de trata en Colombia– y el gobierno de Florida. En suelo regio, la National Association se comprometió a proveer de recursos económicos y materiales al Congreso estatal y a la Secretaría de Seguridad Estatal.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un ciudadano pidió al Congreso de Nuevo León y al gobierno de Aguascalientes la propuesta o el diagnóstico con que analizó la pertinencia de la colaboración con el MVM.
Luego de revisar el material, refirió la inexistencia de documentos y la Secretaría de la Familia de Aguascalientes presentó como prueba documental la publicidad y los trípticos que reparte la Fundación, con cifras del delito publicadas por la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado, las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ahí se expone que 60 por ciento de la pornografía infantil mundial se produce en México, que 21 mil menores son captados cada año para la explotación sexual, que Estados Unidos es el consumidor número uno de estas víctimas y México su proveedor principal.
Derechos de la infancia
Tania Ramírez, presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), compuesta por 15 organizaciones y con 23 años de trabajo, se dijo sorprendida por el número de gobiernos que han firmado acuerdos con el actor y su fundación, que hasta ahora era desconocida en el medio y entre organizaciones con amplia trayectoria en el tema de la trata.
En entrevista con MILENIO, la especialista dijo que todo esfuerzo para proteger a la niñez es positivo, pero resulta discordante e inconsistente que los gobiernos aborden este tema sin una mirada de integralidad y de derechos de la niñez, con organismos que incluso ponen obstáculos a sus derechos, como es el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una educación de calidad con contenido sexual, o el derecho de las y los adolescentes a decidir sobre su cuerpo.
“Hay estados que tienen pocos recursos y que fundaciones con recursos propios les ofrezcan talleres gratuitos, puede resultar un ganar-ganar, pero desde las organizaciones debemos ser críticos porque no tenemos claro si estos recursos están financiados por otro tipo de intereses, por una agenda antiderechos que podría resultar en capacitaciones sesgadas”, advierte la especialista.
Recordó que por mandato constitucional toda capacitación a los servidores públicos tiene que ser en un marco de derechos, que atiendan a la convención de los derechos de la niñez: “La firma que expresa una preocupación, per se no está mal, lo que sí está mal y sería muy riesgoso es que haya compromisos de Estado y de recursos humanos, como poner a personas servidores públicos al servicio de esas agendas”.
Otro riesgo es la supletoriedad de funciones, pues todos esos protocolos de atención, investigación y ayuda que ofrece la fundación ya existen en los Sipinnas estatales (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), la Fevimtra (Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), la Ley en Materia de Trata de los estados y la Comisión Intersecretaríal contra la Trata de Personas. “La autoridad podría estar incurriendo en falta por dedicarle tiempo y recursos a actividades que por ley ya deben hacer y la implementación y desarrollo de protocolos que tendrían que estar haciendo… podría tratarse de un teatro de humo”, señaló.
La presidente de Redim admite que “lo que hay no es suficiente para eliminar la trata, pero esto [los servicios de la fundación de Verástegui] podría ser no sólo riesgoso por la agenda de antiderechos, sino incorrecto administrativa y procedimentalmente, de estarle dando a privados una potestad que es pública”.
Ramírez destacó que el activismo de Verástegui, su intención de crear un partido político –anunciado durante la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en 2022– y su incursión en política debería ser investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) porque hay ordenamientos en contra de que un partido político y una organización sean lideradas por una misma persona; en el plano administrativo toca a Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y las contralorías locales inspeccionar y ver las cualidades y trayectoria de quienes dan capacitaciones al personal, porque los servidores públicos y su tiempo también son recursos públicos pagados con los impuestos.
¿Un caballo de Troya?
Y por lo que hace a velar por los derechos de la niñez y evitar que se le entregue la Iglesia a Lutero, la responsabilidad es del Estado. “Cada uno de estos gobiernos se les puede señalar e imputar por la inconsistencia de esto… A nivel de los estados toca a los Sipinnas tener conocimiento, aportar, orientar y reencauzar los esfuerzos. Estos podrían ser los espacios para la supervisión”.
Alertó que hay un riesgo de que los grupos antiderechos puedan incursionar en el tema de la trata y el abuso sexual infantil para validar su preocupación por la niñez y luego saltar a lo que ellos llaman la defensa de los niños desde su concepción, para desde ahí insistir en la penalización del aborto: “La solución a ese riesgo está en rastrear y monitorear si efectivamente hay una visión desde los derechos y si se está atendiendo la integralidad de los derechos”.
Insiste que la necesidad real “no es que alguien nos llegara a hablar de trata y proponer capacitación. El problema de la trata es la impunidad, la ineficiencia de las fiscalías, el sexismo, la explotación de las niñas, niños y adolescentes y sus cuerpos. Los problemas son estructurales”, explica Tania Ramírez.
El 12 de mayo pasado, en San Luis Potosí, Verástegui fue recibido por diputados locales de las comisiones de Igualdad de Género y la Junta de Coordinación Política. Se hizo acompañar de organizaciones como el Instituto Potosino de la Familia, el cual presentó una iniciativa para que se incluya el concepto Perspectiva de Familia en la Ley de Planeación y otra para crear la Comisión Permanente de la Familia.
En Irapuato, el 18 de mayo, el actor impartió la conferencia “Unidos por un México Mejor” en el InForum, un centro de convenciones para 10 mil personas. La entrada fue gratuita y el municipio no cobró derechos a los organizadores por el uso del inmueble. Asistieron autoridades municipales, eclesiásticas, educativas y público en general.
Verástegui ha anunciado que su intención es lograr la firma del acuerdo con las 32 entidades y con la Secretaría de Turismo federal, además de con el Tianguis Turístico.
Un millón de firmas
Verástegui Córdoba se registró para ser candidato independiente a la presidencia de México el pasado 7 de septiembre. Para lograrlo deberá obtener casi un millón de firmas en 17 estados antes del 6 de enero. Ello resulta muy difícil para un ciudadano común, pero no para un activista que lleva años recorriendo el país y que pudo armar una red de ayuda y de representantes de su causa.
El MVM afirma que surgieron en 2019, pero su Registro Federal de Contribuyentes data de 2005. Es una donataria autorizada por Hacienda para recibir recursos. En su página se puede donar desde 20 y hasta mil pesos o más. En 2022 recibieron 11 millones de pesos, de acuerdo a los registros públicos presentados al fisco.
En su página web, el MVM llama a la población a sumarse a través de cuatro modalidades: organizaciones, profesionistas pro bono, voluntarios y simpatizantes. A las primeras les ofrecen visibilidad y relevancia en su localidad, acceder a cursos gratuitos para el desarrollo de su proyecto y quedar registrados en su directorio de ayuda nacional; en el segundo caso buscan a abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales u otra habilidad para brindar horas mensuales sin costo, a cambio de incluirlos en el directorio nacional de colaboradores pro bono; a voluntarios y simpatizantes los invitan a registrarse para ser llamados a eventos, campañas y activaciones en su localidad.
Al mismo tiempo, ofrece una red de ayuda y apoyo en todo el país de abogados, comunicadores, sociólogos, educadores y especialistas en distintas áreas a los que pueden acceder a través de la geolocalización del celular. “Contamos con una red de profesionales y organizaciones civiles especializadas en todo tipo de problemáticas sociales”, ofrecen.
Entre los objetivos del MVM se distingue: “Generar propuestas legislativas y lograr políticas públicas que privilegien el bien común”, y “Responder ante emergencias con acciones sociales concretas”.
“Creemos en el derecho a la vida de cada ser humano, en todas sus etapas de desarrollo. Estamos convencidos de que la vida no se debate sino que se protege, y que la familia es la base de nuestra sociedad mexicana y debemos cuidarla”, se lee en su publicación.
Verástegui ha iniciado una gira por el país como aspirante a la Presidencia, y suele ser recibido efusivamente sobre todo por grupos de mujeres; en varias plazas del país sus colaboradores han iniciado la campaña “Es hora de firmar” y continúa con la proyección de su película. Adicional a ello, la Fundación ofrece una Línea Nacional contra la Trata.
Fuera de México ha firmado la carta de intención con los presidentes de El Salvador y Costa Rica, el alcalde de Lima, Perú, y el precandidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei. En El Salvador dijo que ‘Sound of Freedom’ se está convirtiendo en un fenómeno global por su alta aceptación, pero en redes sociales se publicaron fotos de cines con boletos agotados y salas vacías, lo cual se debe a que asociaciones civiles o religiosas compran las entradas y las regalan al público, el cual no asiste.
La página de MVM en Facebook cuenta con 38 mil seguidores, en Twitter figuran 8 mil 263 seguidores y en Instagram aparecen 16 mil 900 seguidores. El actor, por su parte, tiene 2.1 millones de seguidores en Facebook y 918 mil en Instagram.
aag