El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancará este lunes 6 de mayo el voto en prisión preventiva que incluye los penales con mayores riñas, motines, asesinatos, fugas, señalamientos de corrupción y autogobierno: mientras que autoridades estatales prefirieron descartar el ingreso a 65 cárceles, en las que no pudieron garantizar la integridad del personal electoral.
Por primera vez, la renovación de la Presidencia de la República también se decidirá desde prisión. Desde este lunes 6 hasta el próximo 20 de mayo, 30 mil 391 personas que aún no tienen sentencia podrán ejercer sus derechos político-electorales y emitir su voto de manera anticipada, para que se cuente en igualdad de condiciones, al concluir la jornada electoral del próximo 2 de junio.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal reportó en marzo de este año, 280 centros penitenciarios funcionando en todo el país, de los cuales 14 son federales.
El Instituto Nacional Electoral obtuvo permiso para llevar a cabo el primer voto nacional de Personas en Prisión Preventiva en 215 penales, todos los federales y 201 estatales. En los 65 restantes, los gobiernos estatales no pudieron garantizar el ingreso seguro del personal electoral o la mala infraestructura impedía contar con un espacio para las mesas de votación.
Sin embargo, MILENIO analizó la lista de penales autorizados, entre los que destacan algunos considerados focos rojo en el sistema penitenciario, o los de alta seguridad como El Altiplano, donde se ubican los delincuentes de mayor peligrosidad y que tiene a 118 personas sin sentencia registradas para votar.
El INE busca maximizar los derechos de las personas en prisión, independientemente de las condiciones de los penales. En ese sentido, destacan otros, como el Centro Penitenciario Aguaruto, de la Ciudad de Culiacán, en Sinaloa, donde se prevé la votación de 170 personas en prisión preventiva.
Ahí, apenas a finales de marzo pasado, se presentó una riña que dejó 13 heridos, uno de ellos un apuñalado de gravedad. Además encontraron drogas, cajas de cerveza y botellas de whisky, tal como sucedió en 2022 cuando encontraron rifles de alto calibre, drogas, un millón de pesos en efectivo y hasta gallos de pelea.
Y dos años antes, en 2019 se dio la fuga de 55 reclusos durante el Culiacanazo cuando las autoridades federales capturaron y minutos después decidieron dejar en libertad a Ovidio, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
También habrá votación en el Centro Penal de Reinserción Social Tlalnepantla de Baz conocido como el Penal de Barrientos, donde solicitaron votar 898 personas.
En este penal se han dado motines y fugas de reos, y es conocido como una de las cárceles más corruptas del país; igual que el Cereso de Acapulco, conocido como Tres Cruces, donde apenas en diciembre pasado se presentó un motín y semanas después asesinaron a dos custodios, y donde votarán 138 personas.
EL Ceresos de Cieneguillas, Zacatecas donde en octubre de 2020 siete presos se fugaron y dos meses después, otro intento de fuga desató narcobloqueos, y a finales del año pasado mataron al jefe de seguridad del penal. Ahí pidieron votar sólo 22 personas.
También está el Cereso de San Francisco Kobén, Campeche, que es hasta la fecha disputa entre los elementos de seguridad y el gobierno de Layda Sansores porque un motín dejó 33 personas heridas, de éstas, 26 eran policías, en su mayoría mujeres que fueron enviadas sin ninguna protección y presentaron denuncias por agresiones sexuales.
El Centro Penitenciario de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca en otro en el que en octubre del año pasado dos reclusos fueron asesinados también está en la lista de votación; el Cereso Mil Cumbres de Michoacán que registró una riña en un partido de fútbol marzo del 2023 con varios lesionados; y el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla también con historial de riñas.
Uno en el que no se pudo garantizar la seguridad fue en el Penal La Pila de San Luis Potosí donde apenas la semana pasada hubo un intento de motín y en marzo se registraron tres muertos y seis heridos.
Más allá de estos antecedentes de falta de seguridad, descontrol y autogobiernos, las personas que están ahí recluidas sin que hasta ahora tengan una sentencia podrán por primera vez, ejercer el derecho humano de votar.
¿Cómo serán las votaciones en los penales?
El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, detalló que en ninguna prueba piloto de los últimos años presentaron algún incidente de seguridad, pues explicó que el protocolo también prevé evitar riesgos, por ejemplo, llamar a los votantes uno por uno para no generar riñas o situaciones que puedan salirse de control.
“Depende del tamaño del penal, hay algunos en los que se pueden ir hasta en dos días por el número de personas. Se les va llamando por área, es de manera individual, no hay una fila ni se juntan. Es probable que las autoridades penitenciarias las tengan en un lugar especial, pero no se hacen filas como en las casillas ordinarias”.
La seguridad nunca ha sido un factor que impida la votación de alguien sino por el contrario, por personas que deciden ya no ejercer su derecho o su situación jurídica cambió.
“Hay un análisis previo y si los penales no garantizan la seguridad, no se hace, siempre ha sido una organización, me atrevo a decir que perfecta, nunca hemos tenido incidentes que lamentar".
“Los únicos cambios es que puede ser que llegues y la persona ya no esté porque ya le dieron su libertad, o porque ya fueron sentenciados, o gente que al final ya no quiere votar, que se registraron, pero ese día dicen que ya no quieren hacerlo. El voto es libre y no hay forma de obligarles”.
Ex gobernadores sin sentencia podrían votar; Yucatán y Veracruz los rezagados
Yucatán es la única entidad en la que no se dará este ejercicio por la tardanza del gobierno panista de Mauricio Vila para permitirlo, mientras que en Veracruz se tuvieron las mismas resistencias del gobernador morenista Cuitláhuac García, y sólo se podrá hacer el ejercicio en el penal federal veracruzano.
En los penales autorizados se ubican algunos personajes de la política que llevan varios años presos sin sentencia y que de haberlo solicitado, podría votar.
Como Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo que se encuentra en el CEFERESI de Morelos donde están registradas seis personas para votar; César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, preso en Cereso 1 de Aquiles Serdán donde se tienen 229 personas registradas; Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit preso en el Cefereso 4 de Nayarit, donde 131 personas pidieron votar; o Mario Marín, ex gobernador de Puebla quien está en el Altiplano acusado de tortura.
Las 30 mil 391 personas en prisión preventiva, todas, podrán votar por la Presidencia de la República; en el caso de Chiapas y la Ciudad de México podrán decidir, además, sobre la renovación de la gubernatura y la jefatura de Gobierno, diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías; y en Hidalgo podrán hacerlo también por los ayuntamientos. Pues estas tres entidades tienen legislado cómo garantizar el voto de las personas que aún no tienen suspendidos sus derechos político-electorales.
RM