La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, 33 empresas entre filiales y fachada, así como 11 personas físicas por desvío de más de tres mil millones de pesos que podrían haber parado en las campañas electorales de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.
MILENIO confirmó que esta nueva denuncia en contra de Lozoya, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR) el 16 de julio, lo que se suma a las indagatorias y las resistencias de sus testigos que ha enfrentado el ex funcionario federal en los últimos meses.
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La denuncia se presentó por los delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado de dinero, e implica al ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 11 personas físicas y 34 morales relacionadas con contratos que Lozoya entregó desde Pemex a Odebrecht y sus filiares para trabajos de construcción que nunca se realizaron.
La UIF detalló que pudieron identificar un esquema de lavado de dinero en Pemex que va desde el 2012 al 2016, con la entrega de contratos millonarios con tres niveles de operación que favorecieron a servidores públicos mexicanos y que posiblemente terminaron financiando campañas políticas en ese periodo y posteriormente.
La indagatoria identificó dos grupos de operaciones con los que Emilio Lozoya habría destinado estos contratos desde Pemex. El primero, se trata de empresas relacionadas de manera directa con Odebrecht, que recibieron recursos públicos directamente de Pemex y de otros organismos gubernamentales de manera injustificada. Los vínculos con Odebrecht van desde relaciones corporativas, financieras o comerciales.
“Destaca una empresa de Odebrecht la cual, durante la administración de Emilio de 2014 a 2016, realizó transferencias por más de tres mil millones de pesos supuestamente por concepto de construcción a favor del gobierno federal, sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de una mecánica de las operaciones”, indicó la UIF.
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El segundo esquema de operación consistió en que las empresas que en el primer grupo recibieron los recursos de Pemex, se encargaron de transferirlos “y estratificarlos” mediante un esquema de triangulación de recursos para después enviarlos a empresas con características de fachada.
“Estas empresas fachada se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio de retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México”
Estos últimos movimientos, de acuerdo con las investigaciones dela UIF, podrían estar relacionados en el caso de la Ciudad de México con sobornos de Odebrecht que el mismo Emilio Lozoya reconoció en una denuncia de hechos que recibieron de la compañía brasileña durante las campañas priistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde hace más de un año, la UIF intentaba identificar la red de empresas que Odebrecht habría formado en México para desviar recursos mediante contratos a cambio de apoyo a campañas electorales como lo hizo en otras partes del mundo.
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