El pleno de la Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad un exhorto al fiscal de Justicia de la entidad para que el Ministerio Público se desista de la acción penal en contra de los comuneros indígenas de San Pedro Tlanixco, quienes siguen en prisión preventiva luego de 15 años de conflicto con floricultores de la región.
Inicialmente buscaban que el gobernador aplicara la Ley de Indulto pero como no tienen sentencia firme, luego que el pasado 17 de enero se ordenó reponer todo el procedimiento desde las primeras diligencias, pues también la ONU emitió un comunicado donde estipula que se violentó el debido proceso.
En entrevista, el diputado Max Correa Hernández informó que el Poder Judicial le acaba de notificar a los comuneros que al acreditarse varias violaciones se dio vista al fiscal General de Justicia para que se aporten pruebas en un plazo de 140 horas; sino esto podría abrir la posibilidad de que los dejen en libertad por falta de elementos.
En tribuna, el diputado hizo un llamado a respetar los principios de libertad, justicia y ley que cese la criminalización de los defensores de derechos humanos, donde la prisión preventiva está prácticamente anticipando la imposición de penas para fines ilegítimos, como la represión de movimientos sociales y públicos o ataque a activistas.
Los presos desde hace 15 años son: Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, a quienes acusan de “oídas”, los testigos en su contra son un niño que pasaba por el lugar con señalamientos generales.
Argumentó que en 2003 los indígenas fueron acusados injustamente de homicidio por oponerse a la explotación del agua, por parte de empresas floricultoras transnacionales, y desde ese día son reos en el Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
“Los comuneros presos políticos ya han sufrido 15 años en ‘prisión preventiva oficiosa’, en un proceso penal plagado de injusticias marcado por las violaciones al debido proceso y violaciones a sus derechos indígenas, condenándolos a la infame sentencia de 50 años de prisión”.
Resaltó que tal sentencia no sólo es injusta, también es un obstáculo para que no puedan defender el derecho al agua de su comunidad, y es una contravención a lo que establece el Artículo 9 de la Observación general número 35 Libertad y seguridad personales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determina que “las personas que no sean puestas en libertad en espera de juicio deberán ser juzgadas lo más rápidamente posible en la medida en que ello sea compatible con su derecho de defensa”.
Poder Judicial
El presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Sergio Javier Medina Peñaloza, precisó que no hay fecha para resolver este litigio, sin embargo, no desestimó que fuera atendido a la brevedad.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) informó esta semana a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) que el procedimiento será repuesto ya que quedaron sin efectos las sentencias imputadas.
Explicó que analizan las repercusiones que pudieran tener las recomendaciones emitidas por los órganos de Derechos Humanos. Si bien reconoció que estas no son vinculatorias, sirven para orientar la organización y actuar de las instituciones.
Respecto a la sentencia que emitió el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca en 2017, que contempló el encarcelamientos por más de 50 años a los inmiscuidos, comentó que fue un criterio que adoptó el juez en su momento con las pruebas que tuvo a su alcance.
Argumentó que el litigio es de particular interés para el Poder Judicial y no dejarán de atender su desarrollo próximo. "Nosotros estamos analizando el caso, no lo echaremos en saco roto y veremos cuáles son las repercusiones y los impactos a la brevedad”.
KVS