La Contraloría Municipal de León informó que fueron emitidos cuatro informes de Presunta Responsabilidad por los casos del jardín de niños y supuestamente favorecer al Club Campestre con el impuesto predial, esto durante la pasada administración de Héctor López Santillana.
En comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción celebrada la mañana de este martes, la titular de la dependencia, Viridiana Márquez Moreno, comunicó que se emitieron cuatro informes de presunta responsabilidad: una a la Tesorería Municipal, otra más a la Dirección General de Desarrollo Rural y dos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
En el caso de la Contraloría Municipal fue por un acto de abuso de funciones al solicitar llevar a cabo la modificación de un acuerdo, mientras que en lo que refiere a Desarrollo Rural es por emitir un beneficio a favor sin estar debidamente justificado y los otros dos casos son por proporcionar información contraria.
Ante esta situación, el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, quien en su momento realizó las denuncias ante la Contraloría y mediante redes sociales, solicitó una explicación.
“Entendemos que uno de ellos es grave y 3 son no graves, entendemos que el que es grave pasa a otra instancia superior y los que no son graves me podría decir cuál es el proceso que sigue en estos asuntos y si la Contraloría en estos casos tiene la facultad de sancionar”, comentó.
La contralora dijo que una vez que se lleva la audiencia inicial los presuntos responsables tienen derecho a hacer valer sus pruebas mientras que la Contraloría tiene 15 días para acordar las pruebas que se ofrecieron, posteriormente se hace el desahogo, si hay pruebas que así lo ameriten, en caso de que no, se abre el periodo de alegatos que es por el término de cinco días, una vez que se dé ese paso tienen 30 días para determinar la resolución correspondiente.
“Los asuntos que son calificados como falta grave nosotros como Contraloría Municipal tenemos 3 días para remitir al Tribunal, una vez que llega al Tribunal ellos con base a su competencia van a determinar si efectivamente si es o no de su competencia, lo admiten y ellos continúan con la sustanciación en lo referente a los asuntos calificados como no grave lo que es la Contraloría municipal substancia todo el procedimiento”, comentó.
Si es un procedimiento sin pruebas se pueden tardar hasta 3 meses siempre y cuando no exista una eventualidad dentro del proceso.
La funcionaria explicó que la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades Administrativas establece como sanción, ya sea pública o privada, la suspensión de uno a 30 días naturales, la inhabilitación que puede ir de 3 meses a un año y hasta la destitución del cargo quien así lo siga ejerciendo.
Incluso dijo que pueden ser hasta dos sanciones siempre y cuando sean compatibles, es dependiente de la gravedad del asunto, se analizan diferentes cuestiones para que la autoridad resolutora determine de manera pertinente.
CBCB