Con la ayuda de dos amparos, empleadas del Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvieron una suspensión definitiva en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El juicio de garantías fue promovido por Raquel Mondragón Correa, jefa del departamento de Programación y Proyectos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
La decisión del juez advierte que la empleada del INE debe permanecer en su cargo con sus prestaciones salariales que marca la ley hasta antes de la entrada del Plan B, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se informó, que a través de un segundo amparo, otra trabajadora consiguió una suspensión a su favor.
Se trata de Melisa Nicole Preiss Landgrave, quien continuará recibiendo el mismo sueldo como asesora de consejeros electorales hasta que no se conceda o se niegue el amparo el cual se encuentra en revisión.
Ambas resoluciones fueron publicadas en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.