La empresa de seguridad privada que operaba en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración (INM) ya no podrá dar servicio en México tras la tragedia en la que murieron al menos 39 migrantes.
Así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien además dijo que se está acopiando la información para saber si la empresa tiene sus permisos en regla y qué clase de servicio estaba prestando.
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"Se está haciendo una revisión técnica de dónde está el permiso, por cuántos elementos pidió los permisos, digamos cuáles eran las capacitaciones que se ve que no tenían estos guardias y que sí estaban siendo contratados", dijo en conferencia de prensa.
Por lo anterior, la funcionaria federal adelantó que la empresa de seguridad privada ya no podrá dar servicio en el país y que las investigaciones "van a llegar hasta donde tengan que llegar".
Sin embargo, por ser sujeto de investigación, el nombre de la empresa privada de seguridad no fue revelado. "No tenemos ningún problema en proteger a una empresa que no cumplió con su deber", dijo la titular de la SSPC.
Rosa Icela Rodríguez indicó que hasta el momento SE tienen identificadas a ocho personas como probables responsables del incendio en la estación migratoria, de las cuales cinco son elementos de la empresa de seguridad privada.
Con más de nueve fallas, CAMSA tenía contrato por hasta 190 mdp con el INM
Aun cuando la Secretaría de Seguridad encontró al menos nueve irregularidades en la operación de CAMSA S.A de C.V., encargada de vigilar la estación provisional donde murieron 39 migrantes, esta empresa tenía un contrato durante para 2023 con el Instituto Nacional de Migración por un monto de entre 76 y 190 millones de pesos, informó Rosa Icela Rodríguez.
Detalló que este contrato se otorgó por adjudicación directa y le permitía prestar servicios en instalaciones del INM ubicadas en 23 estados de la república.
“Es muy serio esto, es muy grave lo que pasó, no tiene justificación. Fueron muchas pérdidas de vida, dolor indignación, cómo se justifica este crimen, no hay, lo que queremos hoy es castigo, lo que están diciendo es real, hay que sancionar a las personas y en eso estamos trabajando”, dijo Rodríguez.
Entre las irregularidades están ofrecer servicios bajo el nombre “Grupo Tank Seguridad Privada Profesional”. Además, pese a que solo reportaba contar con cuatro elementos de seguridad, realizaba labores de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales entre otras.
Además, omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales y evitó en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.
Esta empresa incumplió con inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo, así como con la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo que ni siquiera estaba dado de alta en el en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
Y es que la ley establece que tanto funcionarios como personal de empresas están obligados a someterse a procesos de certificación y a cumplir con los perfiles éticos y socioeconómicos para el ejercicio de sus funciones.
“La FGR habrá de examinar puntualmente la legalidad del contrato, las actividades y omisiones que estas personas empleadas en particular de seguridad privada desplegaron en los hechos, ya que por tratarse de una empresa privada no está exenta de la obligación de respetar los derechos humanos y habrán de ser sancionados conforme a su posición de garantes en la custodia efectiva de las personas resguardadas”, dijo la fiscal.
AMP