La discusión sobre la alerta de género en Ciudad de México ya está rebasada ya que el caso está en manos de un juez, pero lo que sí debe hacerse son cambios de fondo para garantizar justicia a las víctimas, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH), Nashieli Ramírez.
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Luego de anunciar la emisión de cuatro recomendaciones sobre diversos casos de violencia, Ramírez reconoció que la alerta de género es un problema complejo que obliga a revisar la metodología para aplicarla porque se requieren recursos y mejorar la procuración de justicia, pues en 30 por ciento de los casos de feminicidios se filtran datos como fotografías por los propios agentes que acuden al lugar de los hechos, violentando claramente los derechos de las afectadas y de su familia.
La ombudsperson agregó que hay casos en que incluso las denunciantes ni siquiera llegan a la barandilla, pues en los Ministerios Públicos policías las disuaden.
Otro grave problema detectado por la CDH es que en 40 por ciento de los casos hay omisiones en la pesquisa y no hay criterio para proteger a las mujeres violentadas, lo que deriva en que solo 20 por ciento de ellas reciban ayuda y el resto queda indefensa.
Ramírez mencionó que el 30 de septiembre, si es que nada se interpone a lo que determine el juez, comenzarán a correr, ahora sí, los 10 días para que se active la alerta de género en la Ciudad de México, es decir, “básicamente decretada, la propia ley convoca a los estados, a las entidades y a los municipios a que realicen lo necesario”.
Especificó que la declaratoria abarca la indemnización por violencia feminicida; sin embargo, aún falta determinar cuántos recursos “le vas a meter a esas acciones para que puedan operar”, por ello, dijo, se requiere legislar en agresión familiar, porque en la medida en que no esté categorizada como violencia de género en la familia, todo se queda como en desestimación por considerarlo un acto privado.
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En tanto, Juan Carlos Arjona, cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos local, especificó la falta de sensibilidad de las autoridades impartidoras de justicia para atender a mujeres que denuncian agresiones.
Mencionó que la CDH cuenta con 241 quejas sobre “mujeres que recibieron más de 10 o 14 puñaladas, incluso que fueron quemadas o mutiladas”, y esas agresiones no las clasificaron como graves sino como lesiones o violencia intrafamiliar, lo que evidencia que protegen más al victimario.
Esto, dijo, hace que algunas sobrevivientes después sean asesinadas por la falta de atención de las instituciones.
RLO