Los colectivos integrantes de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato solicitaron reunirse con la comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde incluirán una propuesta de reforma a la Ley General de Atención a Víctimas para que los bienes que sean incautados al crimen organizado, sean utilizados para dar mayor recurso a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La solicitud de dicha reunión ya había sido solicitada hace 5 meses; ahora tendrá lugar este 22 de febrero del 2022, además de esta propuesta se estarán abordando otros 27 puntos.
La iniciativa mencionada ya fue presentada por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, David Martínez Mendizábal.
“En la Ley de Víctimas hablan de fortalecer el presupuesto, incluir la armonización del artículo 132 en materia penal para que se fortalezca este fondo. En lo particular yo el jueves pasado ya presenté una iniciativa para que los bienes confiscados a la delincuencia organizada sean dirigidos al fondo de víctimas y atender mejor desde la Comisión Estatal de Víctimas”, mencionó.
Dado que los recursos son limitados y cada vez son más las víctimas de desaparición en el estado de Guanajuato, se pretende hacer uso de la denominada “extinción de dominio", a través de la cual el gobierno puede enajenar los bienes que han sido incautados a los criminales, tal como ha sucedido con vehículos de lujo que hoy funcionan como patrullas en el estado.
“No hay ninguna justificación para que la gente no tenga el material o las condiciones para buscar a su gente, lo que propusimos es que todos los bienes que sean confiscados; Coches, casas, sean dedicados mejor a fortalecer el fondo de atención a víctimas o a la comisión estatal”, agregó.
Durante la reunión, donde se prevé la participación de por lo menos 9 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado, será abordada la Ley General de Víctimas, la Ley de Búsqueda, Ley para la para protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
PCQG