Diputados van contra evasión de predial; prevén evitar casos como el del 'Jefe' Diego

La diputada Aleida Alavez dijo que el nuevo ordenamiento permitirá armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios y de personas morales.

Cámara de Diputados
Fernando Damián
Ciudad de México /

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados tiene listo el proyecto de dictamen de la Ley General de Catastros y Registros Públicos para dar certeza jurídica a los propietarios de predios e inmuebles en todo el país, así como combatir la evasión de impuestos y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, que el año pasado pagó sólo 12.7 mdp de un adeudo de 984 millones por el predial de su rancho en el municipio de Colón, Querétaro.

Así lo informó la legisladora morenista Aleida Alavez, al precisar que el nuevo ordenamiento permitirá armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios y de personas morales.

“Entre los objetivos de esta Ley General están los de homologar criterios, mejores prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información, es decir, pasar de la máquina de escribir y el papel carbón a la digitalización de los expedientes, porque, aunque parezca increíble, en muchas oficinas regionales todavía trabajan así”, detalló.

La coordinadora de la Subcomisión para la Creación de la Ley General en Materia de Armonización y Homologación de los Catastros y Registros Públicos confió en la aprobación del proyecto antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con el INEGI, el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones de inmuebles, es decir, 50 por ciento de lo que tiene censado y lo cual ha permitido una millonaria evasión de impuestos.

“El proyecto de la nueva ley da certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles y al mismo tiempo será una herramienta para combatir la evasión de impuestos y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien debe por lo menos 900 mdp por adeudos al predial desde 1993”, remarcó Alavez.

La legislación prevé un plazo razonable para realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país, porque el actual permitió que en sexenios anteriores se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real, lo que, aunado a la corrupción, permitió, por ejemplo, que muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de terrenos.

FS

LAS MÁS VISTAS