La crisis política al interior de Morena no para. Al contrario, se recrudece y ahora distintos grupos pugnan por el control del partido más poderoso del país, en un escenario de combate interno que amenaza sus posiciones rumbo al 2021.
Hoy, la lucha por 15 gubernaturas, 300 distritos federales, mil 900 alcaldías y mil diputaciones locales, en 2021, además de 800 millones de pesos que recibirá por la mitad de sus prerrogativas hasta que concluya el año, mantienen en conflicto permanente a los dirigentes de Morena.
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Alfonso Ramírez Cuéllar fue electo el 26 de enero en una dirigencia de transición en tanto se renuevan los órganos de dirección nacional y estatal, cuyos plazos vencieron hace siete meses. Sin embargo, su llegada y la validación de que su grupo político, identificado con la aspirante a la dirigencia morenista, Bertha Luján, tiene la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, no contribuyó a aminorar las disputas internas.
Además, de los siete gobernadores de Morena, dos han tomado partido abiertamente por Yeidckol Polevnsky. Jaime Bonilla de Baja California, quien aseguró que la secretaria general del partido es a la única que reconoce como dirigente nacional, en tanto que el poblano, Miguel Barbosa a quien Polevnsky impulsó como candidato, sostiene una disputa con la dirigencia formal del partido, tras el anuncio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre el inicio de un proceso de oficio contra el mandatario pos sus comentarios ofensivos hacia las mujeres.
Aunque tras la confirmación de su dirigencia interina por el Tribunal Electoral, Ramírez Cuéllar y Polevnsky tuvieron diversos encuentros y encabezaron reuniones del CEN morenista, la compra de 39 inmuebles , el compromiso de pago de 400 millones más, así como el pago de 395 millones por adelantado a una empresa cuyo dueño es amigo de Polevnsky, significó la ruptura de lanzas y reavivó las disputas entre los dos bloques.
El Comité Ejecutivo de Morena, con mayoría afín a Ramírez Cuéllar inició el pasado 10 de abril una auditoría a las adquisiciones hechas por Polevnsky y el pago por adelantado, el 31 de diciembre de 2019, a dos empresas por remodelaciones que no se han hecho a inmuebles que tampoco se han terminado de pagar.
Además, se alistan denuncias contra Polevnsky por los delitos de lavado y daño patrimonial. El secretario de combate a la corrupción del CEN morenista, Carlos Evangelista está a cargo de las denuncias que podrían ser presentadas en los próximos días.
Polevnsky hizo pagos por 809 millones de pesos, por la compra de inmuebles para las sedes de Morena en varios estados, además, en la ciudad de México se pagaron tres propiedades por 332 millones de pesos; el más caro, por 215 millones en la calle de Hamburgo; uno en la calle de Liverpool por 75 millones de pesos, así como la casona de Chihuahua, actual sede nacional por 42 millones de pesos.
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Para su remodelación se contrató a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Mirando, Proyecto y Construcción SA de CD, filiales de Grupo EBOR, cuyo propietario es Enrique Borbolla, quien estuvo en prisión en 2014 por el delito de fraude maquinado.
Alfonso Ramírez Cuéllar, fue facultado por la mayoría de integrantes del CEN, para solicitar asesoría de abogados especialistas en materia civil, mercantil, administrativa y penal, “para que emitan un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se puedan emprender”.
Una revisión a las adquisiciones realizadas y entregadas por Joel Frías Zea, secretario de Finanzas al Comité Ejecutivo Nacional, detectó que más del 50 por ciento de la compra de inmuebles y remodelaciones fueron sugeridas por el empresario Enrique Borbolla García.
Mientras, Polevnsky emprendió su defensa a través de los medios de comunicación y argumentó que todas las compras y pagos se hicieron apegadas a derecho, incluso, reveló que ya se asesoró legalmente frente a la posibilidad de denuncias en su contra y acusó que Ramírez Cuéllar busca afectar su imagen porque ella es la única que podría ganar la dirigencia nacional de a través de encuestas.
Además, el nombramiento de delegados nacionales en los estados, también ha provocado conflictos locales en Coahuila, Puebla, Jalisco y otras entidades donde los nombramientos hechos por el CEN agudizaron las diferencias.
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A todo este entramado político se suma la complicación generada por el covid-19. La jornada nacional de sana distancia hizo que la convocatoria a la elección interna fuera pospuesta por tiempo indefinido, ante la imposibilidad de realizar asambleas distritales, por lo que el mandato de Ramírez Cuéllar fue ampliado de facto.
La nueva dirigencia de Morena, en caso de ser electa antes del arranque del proceso electoral federal de 2021, tendrá en sus manos la designación de miles de cargos de elección popular en todo el país, además de las candidaturas en los 15 estados donde se renovará la gubernatura, así como los más de mil 600 millones de pesos que recibe Morena de prerrogativas y que por lo que resta de 2020 serán solo del 50 por ciento por el acuerdo de regresar los recursos a la Tesorería para destinarlos a la atención de la pandemia del covid-19.