La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y obligar a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral a reintegrar más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Avalado con 30 votos de Morena y aliados a favor y 21 de la oposición en contra, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno la próxima semana.
El legislador morenista Hamlet Almaguer calificó el proyecto para la extinción de los fideicomisos como la “pena de muerte” para los privilegios del Poder Judicial.
¿Qué dice la propuesta para extinguir fideicomisos del Poder Judicial?
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Carrera Judicial y otros ordenamientos establece que, en el ámbito del Poder Judicial, “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicial”.
De acuerdo con la exposición de motivos, el Poder Judicial cuenta actualmente con 14 fideicomisos (seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura Federal y dos del TEPJF) con 21 mil 54 millones de pesos disponibles al segundo trimestre de 2023, aunque 6 mil 103 millones corresponden al único fondo que se mantendría intocado.
Los restantes 15 mil 451 millones de pesos se tendrían que entregar a la Tesorería de la Federación.
Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, los recursos de los fideicomisos “principalmente se utilizan para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida”.
El dictamen subraya que el presupuesto del Poder Judicial para 2023 suma un total de 77 mil 544 millones de pesos, por lo que los recursos acumulados por los fideicomisos representan 26.4 por ciento de ese monto.
“La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales y, más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen, con recursos públicos”, acusa.
Advierte que sólo el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, encuentra sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se integra con recursos diferentes del presupuesto anual, sin afectar las partidas autorizadas.
Según la argumentación, los otros 13 fideicomisos y fondos han crecido a lo largo de los años, esencialmente con las disponibilidades de recursos públicos generados en diversos ejercicios fiscales y su ejercicio no ha estado exento de señalamientos, considerando el elevado monto de recursos que acumulan.
Por ello, el dictamen da por terminados los referidos fondos y fideicomisos, con la finalidad de que en el plazo máximo de ciento veinte días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación.
“Los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado, deberán enterarse a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos del Poder Judicial, que a su vez deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación”, puntualiza el proyecto.
EHR