Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que se reunió en febrero de 2021 con Tomás Zerón de Lucio, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y está acusado de cometer actos indebidos en torno a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En La Mañanera, desde Palacio Nacional, Encinas detalló que tuvo contacto con el ex funcionario a través de una reunión con sus abogados, en la cual se le ofrecieron garantías para cumplir con el criterio de oportunidad a cambio de aportar información.
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"Informamos desde hace tiempo, estuvimos a solicitud de los padres de familia que si no avanzaba hubiera comunicación para sumir un compromiso para aportar información, para acceder al criterio de oportunidad, se realizó contacto a través de abogados.
"Sostuvimos reunión donde se le ofrecieron garantías de que el criterio de oportunidad se cumpliría, no lo aceptó, es así de sencillo y aunque ha habido contacto con los abogados no se ha allanado", dijo.
Tomás Zerón de Lucio fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.
También, una investigación del New York Times detalló que, sin grandes avances en las investigaciones, el Presidente demandó a la comisión investigadora acelerar las judicializaciones.
“El Presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’”, dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió: “Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”.
En febrero de 2021, Encinas tomó acciones drásticas: voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Zerón de Lucio, acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior.
Zerón, ex director del equivalente mexicano del FBI, que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel una solicitud de extradición por Zerón.
Un mes después, durante una comida que duró casi tres horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el “apoyo del Presidente” a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times.
“Ayúdame a desenmarañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón en el encuentro. “Yo te garantizo el apoyo del Presidente”.
Cualquier duda que Zerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida.
“Al Presidente no le importa meter gente a la cárcel”, le dijo Encinas a Zerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión.
“Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido parece una medida desesperada”, dijo al New York Times, Kate Doyle, analista sénior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington, y experta en desapariciones. “El gobierno obviamente está batallando para reunir cualquier información a fin de poder decir que ha resuelto el caso”.
En una entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Zerón de que cooperara, porque consideraba que tenía información valiosa y que sólo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión.
Liora Turlevsky, abogada de Zerón, dijo que el encuentro muestra “que las acusaciones contra mi cliente constituyen un libelo de sangre”, o alegato antisemita, “y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos internos”. Zerón, dijo Turlevsky, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso.
El viaje a Israel no brindó nueva información. Sin embargo, dos meses después, en abril, Encinas al final consiguió lo que parecía ser un gran avance: un conjunto de mensajes de WhatsApp supuestamente enviados en 2014 por delincuentes, integrantes del Ejército y otros funcionarios ya implicados con la desaparición.
Los mensajes parecían establecer con espeluznante detalle cómo habían asesinado a los estudiantes, los narcotraficantes y dónde se habían deshecho de los cuerpos, según una copia sin testar, o íntegra, del reporte del gobierno revisado por el Times.
Los mensajes también sugerían, por primera vez, según los expertos en el caso, que un alto mando del Ejército estuvo directamente involucrado en la desaparición de seis de los estudiantes.
Luego, en junio, López Obrador hizo un aviso sorpresivo: el gobierno había establecido lo que le sucedió a los estudiantes desaparecidos. “Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, dijo López Obrador.
En las semanas siguientes, los funcionarios se apresuraron para cumplir esa promesa, tomando decisiones que directamente debilitaron su propia investigación, en parte porque las personas que trabajaban codo a codo en el caso no confiaban plenamente unas en otras.
Los mensajes, que fueron compartidos con Encinas por una sola fuente como una serie de 467 capturas de pantalla, fueron cotejados con otras pruebas. Pero Encinas no compartió las capturas con la oficina de la fiscalía general, a pesar de que, dijo, dichos funcionarios podían haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes.
Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte oportuno a las familias de los estudiantes.
Un sentido de urgencia similar se había apoderado de la oficina del fiscal general.
Cuando Encinas se preparaba para dar a conocer sus hallazgos en agosto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra su antecesor, Jesús Murillo Karam, quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El fiscal principal, Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, dijeron las personas enteradas. Entonces se hicieron cargos fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue apresado.
Pero el caso en su contra fue suspendido después por un juez que abiertamente amonestó a los nuevos fiscales por una labor desprolija.
Además, semanas después de causar el enojo de los líderes de las fuerzas armadas al solicitar órdenes de aprehensión en contra de oficiales militares, los fiscales dieron marcha atrás y pidieron a un juez que cancelara más de una docena de ellas, arguyendo “deficiencia probatoria” en su propio caso. La oficina de Gertz Manero también abrió una auditoría interna del caso presentado por Gómez Trejo, quien renunció luego de que lo marginaron.
Cuatro oficiales militares, entre ellos un general, siguen en custodia y esperan juicio.
La comisión de la verdad también estaba en problemas. Casi inmediatamente después de que Encinas publicara su informe, los mensajes de WhatsApp fueron objeto de cuestionamiento. Un equipo de investigadores internacionales que han estado siguiendo el caso durante años observaron que el tono de los mensajes difería del que habían detectado en otras comunicaciones interceptadas.
Luego de que públicamente surgieron dudas sobre los mensajes, Encinas los sometió a una revisión más exhaustiva. Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas.
“Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Se espera que los investigadores internacionales publiquen su propio análisis de los mensajes a finales de mes. “Estamos haciendo la verificación para los padres”, dijo Ángela Buitrago, una de las investigadoras.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultaran haber sido falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”.
“En todas las investigaciones”, explicó Encinas, “hay aciertos y errores”, respecto a la investigación que no dejó satisfechos a los padres de los normalistas.
En una entrevista con The New York Times, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real.
Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.
FLC