El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hizo pública su propuesta de reforma constitucional para modificar el nombramiento de jueces y magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
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Dentro del documento que envió al Congreso del Estado, establece que el procedimiento “será transparente, privilegia el currículum y la evaluación técnica”. Además, el Poder Ejecutivo no intervendrá en ninguna de las etapas para designar a juzgadores.
“El gobernador no tiene intención de poner magistrados, ni jueces. No tengo interés en incidir en la vida del poder judicial, no tengo interés en dar espacios de control político, pero sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo cueste”, justificó.
Reconoció que espera “resistencia” de los grupos de poder que controlan el Poder Judicial con la iniciativa que entregó a los diputados. "Me encanta la idea, esa es la especialidad de la casa. Estamos listos para dar la batalla".
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En rueda de prensa, detalló que se adiciona el principio de paridad de género, es decir, los nombramientos se alternarán de manera sucesiva entre mujeres y hombres; elimina el haber de retiro de los Magistrados y establece el retiro forzoso para los Magistrados del TJA. El periodo de los magistrados será de diez años, sin posibilidad de reelección.
Además, establece como requisito final la aprobación de las pruebas de control de confianza antes de que sean designados por el pleno del Congreso de Jalisco.
Los jueces serían designados por periodos de 4 años, pudiendo ser nombrados por más de un período, pero “siempre y cuando aprueben las evaluaciones de conocimiento y de control de confianza”, insistió.
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Ante esto, el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Armando Talamantes Lobato, dijo que la resolución que en su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) en el sentido de que es inconstitucional aplicarle ese tipo de evaluaciones al Poder Judicial, se cubriría con la reforma constitucional que se plantea en la iniciativa.
A pesar de ello, admitió que habrá impugnaciones, pero se declaran listos para enfrentar la batalla legal y exhibir a quienes promuevan recursos legales.
Se dejó claro que la evaluación técnica a los aspirantes la llevaría a cabo una institución de Educación Superior o de Investigación.
Mientras, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, analizará currículum y aptitudes de quienes aprueben dicha evaluación técnica, a fin de rendir un informe.
De no haber un acuerdo entre los legisladores para hacer el nombramiento antes de 30 días, sugirió la insaculación entre los tres aspirantes mejor evaluados.
Advierte que los jueces y magistrados en funciones también tendrían que someterse a exámenes de control y confianza. Fija un plazo de seis meses. De lo contrario, serán separados de su cargo, refirió en rueda de prensa.
El Estado busca que esta propuesta se aplique en los procesos de cuatro magistraturas vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
SRN