Los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México concentran seis de cada 10 delitos electorales que se cometen en el país, pues aún sin haber procesos, las faltas siguen presentes.
Durante 2021, donde todo el país fue a las urnas para elegir a representantes populares federales y varias entidades eligieron autoridades municipales y estatales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 3 mil 448 denuncias electorales en todo el país.
La mayor incidencia estuvo en Nuevo León con 549 casos, seguido de la capital mexicana con 533, Veracruz 366, Oaxaca 305 y en quinto lugar el Estado de México con 299 denuncias formales ante la Fiscalía de Justicia mexiquense.
La incidencia estatal representa 8.67 por ciento de la cifra nacional y en promedio cinco casos cada seis días en el Estado de México, donde al igual que el resto del país se cometen infracciones durante y fuera de los procesos electorales, sobre todo en la tramitación de la credencial de elector.
A nivel nacional y en cada entidad la incidencia es mayor durante los procesos electorales, sobre todo durante las precampañas y campañas, por lo cual primero todos reportaron más denuncias a partir de marzo y sobre todo en mayo y junio, es decir, en plenas campañas y jornada electoral.
En junio se alcanzaron mil 663 denuncias formales ante las fiscalías del país, pero en julio empezaron a disminuir, al grado que en los últimos cuatro meses del año se iniciaron menos de 54 carpetas informativas cada 30 días.
En el Estado de México las denuncias incrementaron en mayo, al pasar de 23 en abril a 84 durante el siguiente mes y a 155 en junio; posterior a esto el promedio mensual fue de seis casos. La única entidad con cero denuncias durante el año pasado fue Tlaxcala. Las de menor incidencia fueron: Campeche 4; Durango 6; Jalisco 6; Morelos 8; Sonora 1, y Yucatán 3.
La Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales refiere que entre los delitos que se sancionan en el país están:
- Utilizar los recursos públicos con fines electorales.
- Apoyar a algún precandidato o partido en horario laboral.
- Acarreo de votantes.
- Obligar a las personas subordinadas a asistir a eventos proselitistas.
- Coaccionar o amenazar al personal para que voten o se abstengan de votar.
- Condicionar con fines político-electorales los servicios, trámites o programas gubernamentales.
- Conductas que transgreden los derechos de las mujeres.
KVS