Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM hicieron un llamado a los legisladores para establecer un diálogo sobre las implicaciones de la reforma al Poder Judicial.
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Reunidos en el Águila de la Facultad de Derecho, los estudiantes manifestaron que, a pesar de haber ingresado documentos a las diferentes Cámaras a manera de derecho de petición, hasta ahora no han recibido respuesta.
Confían en que los legisladores les convocarán pronto para dialogar con la comunidad estudiantil.
Solicitud a los legisladores
“Pedimos a los legisladores que nos escuchen, que nos abran las puertas de San Lázaro y del Senado, porque esas son las casas del pueblo, y el pueblo se ha levantado a través de sus estudiantes de diferentes universidades para ser escuchados".
"Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado, principalmente al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal, quien es maestro de la Facultad, así como al vicecoordinador Ramírez Cuéllar, para que nos abran las puertas y escuchen a los alumnos”, expresó Luis Antonio Figueroa, estudiante de la Facultad de Derecho.
Movimiento nacional
Los universitarios reiteraron que se trata de un movimiento nacional, por lo que el diálogo debe establecerse con los estudiantes de diversas universidades públicas y privadas.
Además, enviaron documentos por separado a los legisladores Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar solicitando un espacio de diálogo el martes 3 de septiembre a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados.
Carta a los legisladores
“Diputados Monreal y Ramírez Cuéllar, quienes suscriben, alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM, externamos nuestro deseo de manifestar a esta honorable Cámara nuestras apreciaciones, preocupaciones y experiencia jurídica en torno a la Reforma Judicial próxima a ser discutida por el pleno de esta legislatura". Una reforma de tal envergadura modifica no solo cuestiones adjetivas, sino sustantivas, interactuando con los derechos humanos de toda la población, con las obligaciones internacionales que el Estado suscribió en ejercicio pleno de su soberanía, y con la obligación de todos los órganos del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tanto constitucionales como convencionales, así como la Constitución misma que protege la División de Poderes y autonomía de estos”, se lee en la misiva.
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VHIT