Ex consejero: IFE dejó pasar derroche de Peña

Campaña. En 2013 fue cerrada la indagatoria, pese a la sospecha de que el PRI recibió recursos ilícitos, señala Alfredo Figueroa.

La Expo Fraude que montó el Movimiento Progresista en el Zócalo en 2012. (Archivo)
Jannet López Ponce y Lliliana Padilla
Ciudad de México /

Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, advirtió que ese instituto “decidió ponerse una venda en los ojos” en 2013 e ignorar los gastos excesivos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, luego de que la Fiscalía General de la República advirtiera ayer que el candidato priista recibió recursos ilegales de Odebrecht.

En enero de 2013, al discutirse el rebase en el tope de gastos de campaña, Figueroa fue el único consejero que decidió no avalar un dictamen que libraba a la alianza PRI-PVEM de cualquier acusación por gastos excesivos y permitía no continuar las investigaciones.

En entrevista con MILENIO, dijo que si hubieran continuado las investigaciones hoy se conocería parte de lo que se ventila en el juicio contra Lozoya.

“Claro que hubiéramos podido llegar, no sé si al caso de Odebrecht, pero sí a los lugares en donde efectivamente se fondearon las campañas”, señaló.

“El proceso de avance democrático y de fiscalización siempre ha requerido de la voluntad de la autoridad electoral, de los jueces y de las fiscalías para ir en búsqueda de la verdad y la justicia”.

Reiteró que “la campaña de Enrique Peña Nieto tuvo muchos indicios de apoyos de carácter ilegal”, pero sus compañeros en el IFE, incluido Lorenzo Córdova, decidieron mantener la cultura de “cerrar una historia donde ya había un presidente, no solo electo, sino que había rendido protesta”.

El Consejo General del IFE resolvió en 2013 no multar al PRI por su relación con la financiera Monex, a la que la campaña de Peña Nieto pagó 50.5 millones de pesos por la compra de 7 mil 851 tarjetas.

El organismo consideró que el origen de los recursos era legal, además de que se trató de una relación contractual entre dos personas morales.

En cuanto al destino del dinero, cuatro consejeros electorales (Lorenzo Córdova, Benito Nacif, María Marván y Alfredo Figueroa) propusieron multar al PRI con 75.7 millones de pesos por falta de comprobación de gastos.

Sin embargo, el consejero Figueroa consideró que si bien el origen de los recursos era lícito porque salieron de una cuenta del PRI, el destino final no quedó plenamente acreditado. Además, señaló que no existía relación entre quienes gastaron los recursos y el personal que contrató el PRI para la jornada electoral.

Detalló que el informe de gastos de campaña de Peña Nieto tenía temas tan irrisorios como costos muy debajo del precio de mercado, en la renta del estadio Azteca y la contratación de grupos musicales o publicidad.

Al final el resto de consejeros “decidió que Peña Nieto no había rebasado el tope de gastos de campaña, aceptando una fórmula que le permitía dispersar los recursos y acomodarlos entre los gastos de otros candidatos de la misma coalición”.

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