Un total de 572 ex funcionarios de la entonces administración deJaime Rodríguez Calderón fueron los que recolectaron firmas en días y horas laborales para concretar su campaña presidencial en el año 2018.
La denuncia la interpuso el ahora gobernador Samuel García Sepúlveda, quien, junto con la ex diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldívar, acudieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
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En primera instancia, el organismo fiscalizador del INE dio la razón tanto a Samuel, como a Mariela, en el sentido de que sí se comprobó el desvío de recursos de los 572 ex funcionarios que en días y horas laborales recolectaron las firmas, por lo cual consideraron que a los ex funcionarios se les estaba pagando por un sueldo para desempeñar funciones en el gobierno, y no para participar en actos proselitistas.
Dicho argumento fue impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el propio ex gobernador Jaime Rodríguez y por su ex secretario general de Gobierno, Manuel González, quien en esa ocasión fungió como gobernador interino, ya que argumentaban que no se había desviado el recurso de nadie y era por voluntad propia que los ex funcionarios recolectaron las firmas.
Sin embargo, la Sala Superior ratificó las anomalías detectadas por el INE y ordenó a un ente superior jerárquico imponer las sanciones correspondientes.
Tiempo después, el propio Jaime Rodríguez y Manuel González llevaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que ellos no tienen superiores jerárquicos y el Congreso local no era el indicado para imponerles dichas sanciones.
En ese sentido, el máximo órgano de justicia del país dio la razón a Jaime y Manuel y ordenó al Congreso local iniciar de nueva cuenta el proceso de la sanción pero respetando el marco jurídico que establece la Constitución.
Sin embargo, el tema lo dejaron en el aire a tal grado que no le dio el tiempo a los diputados de la pasada legislatura para imponer las sanciones correspondientes y el caso revive hasta ahora con la detención de Jaime Rodríguez Calderón.
Por lo que no se sabe hasta el momento cuál será la vía conducente de la sanción o pena y si se contaba con una orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal.