La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Aurora Sierra, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar el proceso de licitación y determine si hay un daño patrimonial por parte de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón.
Además solicitó a la ASE que realice auditorias en tiempo real en cada uno de los procesos de licitación de dicho ayuntamiento, ante la falta de transparencia.
Lo anterior, derivado del sobrecosto de las patrullas que se adquirieron subarrendadas, ya que el ayuntamiento de San Pedro Cholula pagará 5,510,578.34 de pesos al mes por 15 patrullas, mientras el Ayuntamiento de San Andrés Cholula arrendó 7 patrullas en $1,000,000 cada una, en tanto el Gobierno del Estado erogó $1,387,412.36 por mil patrullas en el mismo periodo.
De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reporta en el expediente LPN/ADJ/0001/2022, que se adquirieron bajo licitación pública patrullas en arrendamiento con el proveedor Lumo Financiera con un costo total de 82,658,675.23 pesos por un total de 15 patrullas.
Cabe mencionar que en octubre de 2019 el Gobierno del Estado adquirió mil patrullas a un costo de arrendamiento total por patrulla de 1,387,412.36 pesos por un lapso de 27 meses, dando como mensual por patrulla 51,385.68 pesos siendo este el costo promedio del mercado; en enero de 2022, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula adquirió 15 patrullas, también en arrendamiento por un periodo de 33 meses, dando un total por patrulla de 5,510,578.34 pesos, siendo un costo mensual por cada una de $166,987.22 pesos.
El presidente municipal de San Andrés, Edmundo Tlatehui, declaró haber adquirido 7 nuevas patrullas con un costo de 7 millones de pesos. Por lo que, la diputada Aurora Sierra también pidió a la alcaldesa, solicitar al proveedor las patrullas a un costo promedio del mercado para que con el recurso excedente se asignen más, las cuales son necesarias para garantizar la seguridad en las juntas auxiliares.
“Es importante que, como máxima representante del Ayuntamiento, presente un informe detallado de la ejecución de los recursos públicos, los antecedentes que existen en la celebración del contrato con la empresa, pues hay inconsistencias entre los montos de adquisición de patrullas que pueden caer en responsabilidades administrativas. Además, los índices de violencia e inseguridad en la zona metropolitana van en aumento, razón por la cual es necesario contar con unidades suficientes en las demarcaciones territoriales como lo son las juntas auxiliares", señala.
El artículo 70° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de dicha Ley.
Por lo que la panista dijo: “Seguiré exhortando a las autoridades que presenten inconsistencias y no sean transparentes, pues como legisladores debemos fortalecer el compromiso del Poder Legislativo con los habitantes de nuestro estado y principalmente con los ciudadanos que representamos, como es el caso del municipio de San Pedro Cholula, el cual dignamente represento. No es un acto en contra de mi partido, pues los gobiernos de Acción Nacional deben ser transparentes y con rendición de cuentas hacia los ciudadanos”.
AFM