Regidores de distintas fuerzas políticas exigieron que la Contraloría Municipal investigue las liquidaciones que se les concedió al ex director de COMUDE Antonio Rivera Cisneros, y al ex Juez Primero Administrativo, Eliverio García Monzón ya que el municipio erogó casi 900 mil pesos para ello.
Antonio Rivera Cisneros recibió 410 mil 582 pesos por tres años de servicio al frente de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, mientras que Eliverio García Monzón recibió 482 mil 529 pesos por más de 15 años de servicio.
El Regidor y miembro de la Comisión del Deporte, Alfonso Orozco solicitó que se comience una investigación sobre el proceso de liquidación de Rivera Cisneros para asegurarse de que se haya realizado bajo la normativa correspondiente y que se entregue un informe detallado ya que en reiteradas ocasiones se le ha negado la información del tema.
“Quiero que se realice un enérgico exhorto a la COMUDE León y a la Contraloría Municipal a fin de que se esclarezca el proceso por el cual se dio de baja al anterior titular y si la autorización de su liquidación se realizo bajo la normativa aplicable, además de que se realice un informe de esta paramunicipal dirigido a este Ayuntamiento en donde de forma detallada nos explique como sucedió la baja del ciudadano Antonio Eugenio Rivera”, expuso Orozco.
La Regidora de Morena, Gabriela Echeverría exigió se realicen las indagatorias acerca del proceso de liquidación de García Monzón, con la intención de incrementar la transparencia municipal y otorgarle certidumbre a los ciudadanos.
“No debemos olvidar la exorbitante cantidad que recibió como liquidación (García Monzón) por renuncia voluntaria del ex servidor público de nuestra ciudad para que inmediatamente al abandonar su cargo asumiera uno nuevo como Magistrado”, dijo Echeverría.
Existe un acuerdo de Ayuntamiento que permite que cada funcionario público que laboró más de dos años reciba tres meses de salario como liquidación, además de las prestaciones legales.
La Regidora priista, Vanessa Montes de Oca señaló que García Monzón debe regresar una parte de su liquidación, ya que la normativa también dicta que si un funcionario se reincorpora a la administración pública en un lapso menor a tres meses debe de renunciar a la parte proporcional de su liquidación de acuerdo al tiempo que tardo en regresar a laborar como funcionario público.