Al aseverar que las muertes de las personas migrantes que se encontraban detenidas en una estación migratoria de Ciudad Juárez pudieron evitarse, organizaciones de la sociedad civil exigen la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a quien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido recomendaciones por la falta de protección de la integridad de las personas migrantes.
La tragedia del pasado 27 de marzo da cuenta de que no se tomaron medidas para la no repetición tras la muerte de una niña de nueve años en la estación migratoria de la Ciudad de México en 2019, cuya familia no ha recibido una reparación integral del daño, o la muerte de un hombre en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco derivada de un incendió en 2020; ese mismo año personas migrantes murieron por falta de atención médica ante la pandemia de Covid-19.
“Se ha mostrado la impunidad de la que goza el INM”, acusan las defensoras de los derechos de las mujeres en la migración y sus familias, quienes reiteraron que la detención migratoria condenó a estas personas a morir atrapadas.
Recordaron que el pasado 17 de marzo, el INM señaló que daría cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la detención migratoria por más de 36 horas, reiterando que la detención migratoria debe ser utilizada como una medida excepcional y no como la regla.
El Instituto Nacional para las Mujeres en la Migración (Imumi) afirmó que la política migratoria tiene como uno de sus ejes la criminalización de la población migrante.
“No podemos seguir contando cuerpos ni permitiendo que familias queden destrozadas por políticas migratorias de contención”, acusaron, “el Estado mexicano debe tener un costo ante sus omisiones y el comisionado del INM destituido”.
MbG