Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que debe haber una reforma estructural en el Poder Judicial.
Sin embargo, indicó que el despido y destitución de los ministros, jueces y magistrados así como su elección de manera popular, como se plantea en la iniciativa de reforma para modificar la estructura orgánica del Poder Judicial, no es prudente.
“Tenemos el caso de Bolivia, ahí se ha demostrado que fue un verdadero fracaso y que ya no saben cómo controlar el tema, sí considero que se deben poner más controles de todo tipo, financiero, académico, en el Poder Judicial, esa es una realidad, también en el sentido de la capacitación de los juzgadores”, sostuvo en su visita a la ciudad de Pachuca.
-¿Por qué no es prudente que se elijan de manera popular los jueces, magistrados y ministros?, se le preguntó.
-Porque de acuerdo la experiencia que ha tenido Bolivia y de acuerdo a la experiencia incluso mexicana, pudiéramos determinar que un juzgador pudiera estar a favor de quien lo puso, creo que sí atenta en contra de una de las características del Poder Judicial que es la autonomía, definitivamente.
-¿Cuáles serían las implicaciones de los juzgadores en cuanto a las resoluciones?
-Yo no descarto ni tampoco tengo pruebas de ello, pero insisto, no descarto que exista corrupción en el Poder Judicial, sin embargo para efecto de controlar la corrupción existen medios para poder sancionar incluso a los juzgadores.
En cuanto a la disminución de los ministros de la Suprema Corte de Justica como parte de la iniciativa de reforma, Padilla Sanabria señaló que dicha disminución es irrelevante.
“También considero que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha habido mucho nepotismo, mucha falta de conocimiento, no de la actual sino de también de las anteriores, tenemos jurisprudencias desde el 2014 que restringen derechos humanos de forma automática, que están prohibiendo la operatividad de la presunción de inocencia, de las sentencias de la Corte Interamericana”, dijo.
Expresó que el que el Presidente de la República nombre a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es correcto aunque manifestó que es factible la reducción en su periodo de encargo como se propone en la reforma.
Sin embargo, consideró que lo que no sería factible, si se pasa de 11 a nueve en el número de ministros, es que todos pertenecieran a un mismo grupo, ideología o partido político, “evidentemente la iniciativa de reforma te dice que está prohibido que pertenezcan a un partido político pero por supuesto que van a pertenecer a una ideología, por supuesto que van a pertenecer a un grupo, entonces ese es el tema que me parece que no es correcto y se debe tener mucho cuidado”.
Asimismo, la investigadora de la UNAM recordó que dentro de la iniciativa se plantea que los jueces, magistrados, no pueden declarar la inaplicación de una norma emitida por el Legislativo, lo que calificó de “aberrante”.
“Lo que están buscando en este punto es evidentemente que no sean contrarias las resoluciones de esos juzgadores a lo que determine el Poder Legislativo y a lo que determine el Poder Judicial”, refirió.
Añadió que si el Poder Legislativo emite una norma que viola el derecho humano el derecho humano a la intimidad personal, como el acceso a las cuentas bancarias de las personas, a las comunicaciones, a la vida privada sin un control judicial, implicaría violación a los derechos humanos a nivel convencional y la puerta para un Estado totalitario.