El Comité de Evaluación del Poder Legislativo expidió, durante la noche del lunes 4 de noviembre, la convocatoria al proceso de selección de candidatos para competir por 881 cargos del Poder Judicial en las elecciones extraordinarias de junio de 2025.
Los aspirantes podrán registrarse entre el 5 y el 24 de noviembre para competir por los cargos de cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte.
Además de tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; un magistrado y una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral; diez magistradas y cinco magistrados de las salas regionales, así como 464 magistradas y magistrados de circuito y 386 juezas y jueces de distrito.
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De acuerdo con la convocatoria publicada en las gacetas parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el Comité de Evaluación calificará la idoneidad y publicará la lista de candidatos elegibles a más tardar el 31 de enero de 2025.
Y antes del 4 de febrero depurará la lista por medio de una tómbola, a efecto de ajustar el número de aspirantes por cada cargo en juego, respetando el principio de paridad.
A más tardar el 8 de febrero, el Comité de Evaluación enviará el listado final de candidatos al Senado de la República.
Para calificar la idoneidad de los aspirantes se considerarán los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, así como la honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en la actividad jurídica.
En un puntaje de cero a 100, se dará un valor de 40 puntos a los méritos académicos; 30 puntos, a los méritos de experiencia profesional, y los restantes 30 puntos, a la honestidad y buena fama pública.
Para acceder a la fase de entrevistas con los integrantes del Comité de Evaluación se deberá alcanzar al menos 80 por ciento del puntaje en los tres aspectos referidos.
En la convocatoria expedida este 4 de noviembre se incluyeron los formatos de “declaración bajo protesta de decir verdad” para aspirar a los cargos de juzgadores del Poder Judicial, “carta de respaldo” de ciudadanos.