La exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, señaló directamente al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntamente ordenar la asignación de contratos a empresas que, de acuerdo con su declaración, estaban vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”.
En un video difundido en redes sociales, la exfuncionaria sostuvo que las decisiones por las que actualmente se investigan contratos otorgados durante la administración de Cabeza de Vaca no pueden atribuirse únicamente a funcionarios subordinados.
“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones”, afirmó.
Molina Gamboa aseguró que durante su gestión recibió instrucciones para asignar contratos a empresas de Grupo Industrial Permart y Joser, mismas que, según dijo, le fueron transmitidas a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
La exsecretaria sostuvo que esas instrucciones respondían a “compromisos económicos y políticos” y señaló a Alejandro Aguilar Poegner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, como uno de los funcionarios que presuntamente conocía las indicaciones y daba seguimiento a su cumplimiento.
Pide investigar posibles represalias
Ante la posibilidad de enfrentar amenazas o actos de intimidación derivados de sus declaraciones, Molina Gamboa pidió que cualquier afectación contra ella o alguno de sus familiares sea investigada tomando en cuenta el contexto de sus señalamientos.
La exfuncionaria, quien es originaria de Chiapas, dejó la Secretaría de Salud de Tamaulipas hace cuatro años.
Hasta ahora, García Cabeza de Vaca no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones formuladas por quien fuera integrante de su gabinete.
Contratos bajo investigación
Los señalamientos se producen en medio de las investigaciones iniciadas por la actual administración estatal en torno a contratos celebrados durante 2017 y 2018.
El 27 de agosto de 2025, la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, el Congreso local, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con esas denuncias, contratos otorgados sin licitación a Permart y Joser habrían generado un presunto quebranto de 343.9 millones de pesos, de los cuales 221 millones corresponderían a recursos estatales y 122 millones a fondos federales.
La declaración de Molina Gamboa modifica el foco político de la controversia: la exsecretaria no solo cuestiona que la responsabilidad se concentre en funcionarios de menor rango, sino que afirma que las instrucciones para realizar las asignaciones provenían directamente del entonces gobernador.
Corresponderá a las autoridades investigadoras determinar si los señalamientos realizados por la exfuncionaria tienen sustento y establecer, en su caso, las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
ICGC