Extinción de dominio, más lenta que extradición; alistan reforma

El nuevo sistema de justicia penal no benefició a la figura de extinción de dominio, que en promedio tarda más de 265 días naturales para ser resuelto, más que una extradición o una causa penal. Además, su aplicación desde la reforma constitucional de hace 11 años solo ha permitido recuperar cantidades mínimas, pese al costo de mantenimiento de los bienes asegurados.

Tan solo en Ciudad de México, el año pasado el costo anual de vigilancia de 93 inmuebles bajo la responsabilidad de las autoridades fue de 53 millones de pesos.

Mientras que los bienes sujetos de extinción entre 2012 y 2016 alcanzaron la cifra de 15 millones de dólares, de acuerdo con datos de la otrora Procuraduría General de la República en poder del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, en los que se da cuenta que además entre 2015 y 2016 “solo se ganó un juicio por parte de las autoridades federales en materia de extinción de dominio por la cantidad de 90 mil pesos”.

Ante ello, el Senado alista el llamado procedimiento expedito, que sujetará a esa figura los bienes asegurados a la delincuencia organizada, el huachicoleo y la corrupción de funcionarios y cómplices, entre otros, a fin de que sin esperar a que concluya el procedimiento penal que se les finque, corra en paralelo otro procedimiento administrativo.

El Senado retomó también el modelo de Colombia, que ha resultado exitoso y que, de acuerdo con el estudio del instituto, esa figura permitió que en 2018 dicho país armara 2 mil 703 procesos judiciales por extinción de dominio, con lo que recuperó 28 mil 165 bienes; “en cambio, México en el periodo 2010-2011 solo se tenía tres casos, con los cuales recuperó ocho bienes”.

La intención del grupo de trabajo que redacta el proyecto, encabezado por el morenista Julio Menchaca, es presentar en las próximas horas un nuevo proyecto de dictamen que se votaría el viernes y en los que se definirá la temporalidad, es decir, si prescribe o no en el caso de la compra del bien a rematar y hasta 20 años o su “retrospectiva” hacia 2008 cuando surgió esa figura en México, para el caso de su uso.

El coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, confió en que se apruebe la monetización para que el Estado no cargue con el costo de los bienes que custodia mientras se llevan a cabo los procesos.

En la mesa de negociaciones se discute la figura de “depositario” para que el poseedor del bien en litigio lo custodie, sin que lo pueda usar, pero no sea el Estado quien cargue con el costo de cuidarlos.

“Estamos pensando que el jueves tengamos ya algo muy avanzado para que se publique el viernes, con el objetivo de que el lunes estemos listos. El borrador ya tiene modificaciones, pero se han eliminado varios artículos de procedimiento como reglas, juzgados, artículos para que entre ahí la supletoriedad de los delitos”, explicó Mancera.