Función Pública supervisará extinción de fideicomisos que ordenó AMLO

La Secretaría de la Función Pública vigilará la correcta aplicación de la extinción de fideicomisos públicos ordenada por la Presidencia, en donde se calculan recursos por 250 mil millones de pesos.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaría de la Función Pública (Avelina Martínez)
Rafael Montes
Ciudad de México /

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que vigilará la correcta aplicación de la extinción de fideicomisos públicos ordenada por la Presidencia de la República mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos para nutrir los programas prioritarios del gobierno de México.

El documento publicado en la noche del jueves, en la edición vespertina del DOF, ordena desaparecer los fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos.

Además, ordena que la SFP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

La SFP explicó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

“Ahora, ese análisis será la base para dar respuesta a las consultas que realice la Secretaría de Hacienda sobre la desaparición o permanencia de los fideicomisos que no hayan sido creados por ley”, detalló.

En un boletín, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval explicó que además de complementar dicha ley, el decreto crea áreas de veda y establece reglas más estrictas para la creación de fideicomisos, “lo cual es reflejo de una política de gasto integral que avanza hacia un ejercicio presupuestal con más transparencia y rendición de cuentas”.

Confió en que la decisión sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, opinó que con la medida “se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores”.

AE

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