La diputada Esmeralda Moreno presentó una iniciativa de reformas para aumentar a hasta doce años de prisión la pena máxima por del delito de extorsión contra comerciantes formales o informales.
El artículo 390 del Código Penal Federal prevé actualmente una sanción de entre dos y ocho años de cárcel para quien cometa extorsión, por lo que la propuesta es aumentar las penas mínima y máxima hasta en una mitad, en caso de que las víctimas se dediquen al comercio.
La legisladora del PES detalló que la extorsión a comerciantes de pequeñas, medianas y grandes empresas suele ser de forma indirecta, a través de una llamada telefónica o presencialmente, cuando alguien amedrenta para obtener dinero mediante el cobro del llamado “derecho de piso”.
“Los afectados han relatado que son abordados e intimidados con el cobro del derecho de piso; les llegan a pedir hasta 200 mil pesos para no hacerles nada y que puedan seguir trabajando, pues de lo contrario los amenazan no solo con hacerles daño a ellos, sino con incendiar sus negocios o dañar a su familia”, expuso.
Esmeralda Moreno subrayó que dichas acciones no pueden ser permitidas, pues los comerciantes tienen un rol muy importante en la sociedad y economía del país.
La diputada integrante de la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro indicó que, entre enero de 2019 y febrero de 2020, un millón 110 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión al número telefónico 089, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país.
Precisó que el Estado de México ocupa el primer lugar con más extorsiones, seguido por Veracruz, Jalisco, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los más afectados son los comerciantes, empleados y empresas.
En el caso del Estado de México se estima que la extorsión creció 55 por ciento en el último año, según denunció Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de esa entidad, tras advertir que ocho de cada diez delitos no son denunciados.
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