La diputada Esmeralda Moreno presentó una iniciativa de reformas para aumentar a hasta doce años de prisión la pena máxima por del delito de extorsión contra comerciantes formales o informales.
El artículo 390 del Código Penal Federal prevé actualmente una sanción de entre dos y ocho años de cárcel para quien cometa extorsión, por lo que la propuesta es aumentar las penas mínima y máxima hasta en una mitad, en caso de que las víctimas se dediquen al comercio.
La legisladora del PES detalló que la extorsión a comerciantes de pequeñas, medianas y grandes empresas suele ser de forma indirecta, a través de una llamada telefónica o presencialmente, cuando alguien amedrenta para obtener dinero mediante el cobro del llamado “derecho de piso”.
“Los afectados han relatado que son abordados e intimidados con el cobro del derecho de piso; les llegan a pedir hasta 200 mil pesos para no hacerles nada y que puedan seguir trabajando, pues de lo contrario los amenazan no solo con hacerles daño a ellos, sino con incendiar sus negocios o dañar a su familia”, expuso.
Esmeralda Moreno subrayó que dichas acciones no pueden ser permitidas, pues los comerciantes tienen un rol muy importante en la sociedad y economía del país.
La diputada integrante de la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro indicó que, entre enero de 2019 y febrero de 2020, un millón 110 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión al número telefónico 089, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país.
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Precisó que el Estado de México ocupa el primer lugar con más extorsiones, seguido por Veracruz, Jalisco, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los más afectados son los comerciantes, empleados y empresas.
En el caso del Estado de México se estima que la extorsión creció 55 por ciento en el último año, según denunció Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de esa entidad, tras advertir que ocho de cada diez delitos no son denunciados.
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