El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que la extorsión ya no es solo un problema de seguridad pública, sino también una amenaza para la economía, la inversión, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado.
Sostuvo que dicho delito funciona como un impuesto criminal, pues el dinero sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero sin llegar a las finanzas públicas ni convertirse en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales.
El costo del impuesto criminal en las familias y empresas
El legislador subrayó que, tan solo en 2024, de acuerdo con cifras del Inegi y de la Secretaría de Seguridad, se estimaron alrededor de 5.7 millones de casos de extorsión en México, pero la cifra oculta se ubicó cerca de 97 por ciento.
“La inmensa mayoría de los hechos no llega efectivamente al sistema de procuración de justicia. El delito crece, pero casi nunca es denunciado, lo que provoca que haya muy pocas investigaciones y, por lo tanto, la impunidad sea enorme”, señaló.
Ramírez Cuéllar detalló que el impacto económico de la inseguridad y el delito es muy grave, pues en 2024 representaron un costo aproximado de 269 mil 600 millones de pesos para los hogares mexicanos, mientras que las familias destinaron alrededor de 91 mil 800 millones a medidas de protección y prevención.
Reconoció que la extorsión y la impunidad pueden terminar encareciendo la obra pública y la construcción de vivienda para el bienestar:
“Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas de construcción enfrentan cobros ilegales, esos costos pueden trasladarse a toda la cadena productiva. Es decir, la extorsión nos afecta a todos”.
Afirmó que ese acto ilícito afecta a grandes empresas, pequeños negocios, comerciantes, transportistas y ciudadanos, pero también al sector rural.
Incluso, dijo, existen regiones donde productores pueden enfrentar cobros ilegales vinculados con la comercialización de ganado, la venta de cabezas, el traslado de mercancías o la salida de granos y cosechas.
El llamado a un acuerdo nacional contra la extorsión
El diputado de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro llamó a seguir impulsando el acuerdo nacional contra la extorsión convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado, además de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para erradicar este delito e investigar cualquier posible red de protección, corrupción o tolerancia institucional.
“Cuando existan indicios de protección política, participación de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, puntualizó.
En ese contexto, externó su preocupación por la baja tasa de denuncias sobre ese delito:
“No es posible que 97 por ciento de los casos de extorsión no sean denunciados. Ello evidencia la necesidad de fortalecer la denuncia anónima, la protección a víctimas, la inteligencia financiera, el seguimiento de cuentas y comunicaciones y la identificación de patrones territoriales”.
IOGE