A pesar de las acciones realizadas los últimos meses por parte de autoridades estatales y federales para combatir la problemática de la delincuencia organizada en la zona sur del Estado de México, en donde incluso han sido detenidos funcionarios públicos, aún hay poca respuesta por parte de la ciudadanía para denunciar los diversos delitos que azotan, uno de ellos es la extorsión, ya que temen represalias al tener la presencia establecida de la organización delictiva conocida como Familia Michoacana, misma que, para no ser detectados, dicen los habitantes, usan a los mismos pobladores como “carne de cañón” para realizar los “cobros de derecho de piso”.
Las últimas detenciones relevantes de líderes de la Familia Michoacana, entre ellos Óscar “N”, alias Comandante Pecha, así como servidores públicos con posibles nexos, parten de trabajos de inteligencia que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha llevado a cabo en los últimos meses con apoyo de las autoridades federales, lo cual consta en el Segundo Informe de Actividades de José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, en el cual hicieron un mapeo de los grupos criminales dedicados a la extorsión en territorio mexiquense, en el cual destaca la Familia Michoacana con presencia en 75 municipios, es decir, 60 por ciento del territorio.
En ese sentido, se detalla que la mayoría de las células de dicha organización se enfocan en la extorsión a través de cobros ilegales de cuotas a ejidatarios, aserraderos, carnicerías, minas o comerciantes para dejarlos trabajar y no hacerles daño; incluso, también han obligado a que comerciantes o empresarios compren productos, mercancías y servicios a distribuidores controlados por la delincuencia.
“Esta organización indica a intermediarios de productos de consumo (pollo, huevo, tortillas, cerveza, carne, arena, materiales, etc.), para adquirir estos productos solamente con ellos”, indica un informe de la FGJEM.
Para tener controlado el mercado colocan insignias a los productos autorizados y controlados, con lo cual crean un monopolio y generan ganancias para la organización; de no acceder a sus exigencias, las víctimas son secuestradas y en algunos casos asesinados, por lo que esta organización y sus células son consideradas generadores de alta violencia.
Carecen de denuncias
Aunque esta información ha permitido la detención de diversos líderes de células y servidores públicos municipales, incluidos mandos policiacos, todavía hay poca participación de la ciudadanía en denunciar las extorsiones, toda vez que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) documentó que, entre enero octubre de este año, la zona sur del Estado de México sólo aportó el 2 por ciento de la incidencia estatal de extorsiones.
La tabla de variación de incidencia delictiva del ONC basada en datos de la federación, marca que en esos 10 meses la Fiscalía mexiquense inició 2 mil 853 carpetas de investigación por extorsión en toda la entidad; sin embargo, en los 25 municipios de la zona sur, región donde se ha establecido la Familia Michoacana por la cercanía, únicamente denunciaron 67 casos.
Además, en comparación con el mismo periodo del año pasado las denuncias por estos delitos patrimoniales redujeron en promedio 20 por ciento.