La Cámara de Diputados aprobó reformas para incorporar la extorsión al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de endurecer las sanciones cuando dicho delito sea cometido con violencia física, psicológica o moral, así como cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 60 o tenga alguna discapacidad.
Con 388 votos a favor y uno en contra, el Pleno avaló el dictamen presentado por la Comisión de Justicia para sancionar como miembros de la delincuencia organizada a quienes en grupo de tres o más personas realicen en forma permanente o reiterada conductas con el fin de cometer el delito de extorsión.
Adicionalmente, con 382 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas y adiciones al Código Penal Federal para castigar hasta con 12 años de prisión el delito de extorsión con violencia física, psicológica o moral, y hasta con 10.6 años de cárcel cuando el responsable tenga relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima o si ésta es menor de 18 años, mayor de 60 o si tiene alguna discapacidad.
Las modificaciones al artículo 390 del Código Penal Federal mantienen en ocho años de prisión la penalidad por el delito de extorsión, pero la aumentan hasta en una mitad “si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral”.
“Las penas aumentarán hasta en una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si esta es menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad, o tiene alguna discapacidad”, señala.
Los proyectos fueron turnados al Senado para su análisis y eventual ratificación. De acuerdo con el dictamen, la incidencia del delito de extorsión aumentó 28.5 por ciento de 2018 a 2019, al pasar de 6 mil 432 a 8 mil 266 casos denunciados.
En representación del grupo parlamentario de Morena, la diputada Martha Patricia Ramírez remarcó que la extorsión es uno de los delitos que más han aumentado en el país en los últimos años, al grado de ser el segundo más recurrente, pues entre enero de 2019 y febrero de 2020 se denunciaron alrededor de 111 mil casos.
“Este delito ha afectado de manera sistemática a la economía y la tranquilidad de las familias. La delincuencia organizada participa de manera cada vez más frecuente en este tipo de delitos, afectando de forma significativa el patrimonio de familias, así como de las empresas, industrias y comercios”, dijo.
Por el PAN, la legisladora Saraí Núñez sostuvo que las cifras oficiales omiten los delitos no denunciados por temor a represalias o desconfianza a las autoridades correspondientes.
“Debido a ello se considera que la extorsión es el delito con mayor impunidad de nuestro país a través de sus diversas modalidades: engaño telefónico, amenaza telefónica y el llamado cobro por derecho de piso”, puntualizó.
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La priista Marcela Velasco indicó que las reformas aprobadas representan una respuesta para enfrentar el segundo delito más recurrente del país, únicamente está superado por los asaltos y robos personales en el transporte público
“La extorsión, sí, la extorsión, que es uno de los delitos que más impactan y que ha tenido un incremento significativo en los últimos años”, agregó.
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