Los fabricantes de armas demandados por México en Estados Unidos por comercio negligente, de llegar a juicio, tendrán que admitir bajo juramento ante una corte que son conscientes de que sus productos terminan en las manos del crimen organizado, y que quizás, sabiendo eso, han tomado decisiones comerciales en busca de aumentar sus ganancias, adelantó Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“A mí me causaría mucho más interés como estrategia de litigio preguntarle a las empresas: ‘Diga usted si conoce o no el destino de sus armas producidas entre el 2011 y el 2021’. Entonces, las empresas, bajo juramento ante una corte, tendrán que decir la verdad y ahí podremos saber cómo es que sí saben dónde llegan sus armas, y quizás, y eso sería muy interesante, cómo, con base en el incremento del consumo de sus armas, toman decisiones de comercio para incrementar sus ganancias”, dijo el funcionario un día después de que se diera a conocer la respuesta de las once empresas demandas por México ante una corte de Massachusetts.
Durante su participación en la plática “La batalla de Boston. Las fábricas de armas responden a la demanda del Gobierno Mexicano” organizado por el Colegio de México, Celorio aclaró que dicha información, como parte de la estrategia mexicana, se utilizará hasta que se discuta la materia central de la demanda y no durante la etapa actual donde aún se decide si la demanda procede o no en tribunales.
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Insistió que de llegar a un juicio luego de las fases iniciales, entre las que aún se contempla que México presente una contrarréplica a los argumentos de las fábricas de armas a finales de enero, se podría entrar a una fase de descarga de pruebas donde se demuestre la trazabilidad de las armas desde su fabricación hasta su destino final en una escena del crimen en México.
“La parte interesante del juicio, y por eso estimamos que no quieren que lleguemos al juicio, es la trazabilidad, las empresas de armas tienen a su disposición información sobre la ruta que sigue su producto desde cuando fabrican, distribuyen, venden, hasta el momento en que se encuentra en una escena del crimen”, abundó al respecto.
Detalló que la trazabilidad durante el juicio podrá demostrar que las armas que utiliza el crimen organizado en México pueden ser rastreadas en todo momento, desde que son fabricadas en Estados Unidos hasta que son decomisadas por las autoridades mexicanas o son halladas en la escena de un delito, información que, de momento, se encuentra clasificada, pero que demostraría sus prácticas negligentes.
“Es decir, las armas que se encuentran en México, que utiliza el crimen organizado, pueden ser rastreadas a través de una ruta de trazabilidad desde el lugar de encuentro hasta el lugar de fabricación, distribución y venta con información y tiempos de dónde, cómo y quién. Esa información no es pública, las empresas la tienen a su disposición, y en juicio nosotros podríamos obtener esa información y esa información sería valiosísima para acreditar el nexo causalidad, lo que hacen las empresas o dejan de hacer: prácticas negligentes, omisiones, acciones ilícitas y el daño que sucede en México”, sostuvo durante la sesión pública del Seminario Sobre Violencia y Paz de este martes.
Finalmente, luego de que ayer se dieran a conocer 11 respuestas individuales de cada una de las empresas demandadas en contra del gobierno mexicano, además de una respuesta consolidada, Celorio sostuvo que esta es una estrategia para diversificar el proceso y obligar al gobierno mexicano a dar la batalla en frentes diferentes e intentar debilitarlo o distraerlo.
“Resaltar que si bien se unieron en una respuesta consolidada, cada una de las empresas por acuerdo de las partes también presentó mociones por separado para desistir (el proceso). Esto me parece que es una estrategia para abrirnos muchos frentes. Lo que buscarían las empresas entonces es abrir muchos frentes, que tengamos que responder a diversos argumentos, no a uno sólo, y quizás, buscar que la demanda se lleve en diferentes cortes”, explicó el asesor jurídico de la cancillería.
EHR