En el gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2014 a 2019, al menos 837 empresas fantasma emitieron 22 mil 933 facturas falsas a 90 instituciones de salud, con lo que desviaron cuatro mil 179 millones 46 mil 254 pesos.
De acuerdo con la investigación Facturas falsas: la epidemia en el sector salud presentada por las asociaciones 'Justicia Justa' e 'Impunidad Cero', es el Estado de México el que lidera el desvío de recursos públicos mediante operaciones simuladas o inexistentes con los recursos federales que se destinaban desde las áreas del sector Salud.
Denise Tron Zucccher, de Justicia Justa, detalló que en donde detectaron más desvíos son el Instituto de Salud del Estado de México con mil 841 millones de pesos, seguido del IMSS, los institutos de salud de Chiapas y Oaxaca, así como Laboratorios de biológicos y reactivos de México.
Mientras que las empresas falsas con más emisión de facturas apócrifas son Interacción Biomédica S.A. De C.V., Kisa Importaciones S.A de C.V. y Constructora Kedmex.
Interacción Biomédica es identificada como la empresa fantasma favorita del gobierno del Estado de México, pues fue la que emitió el 86 por ciento de las facturas y representa el 39 por ciento del total de los recursos desviados es ese periodo.
Justicia Justa detectó otros esquemas de desvío como el de empresas multiestatales que operan en varios estados, 45 empresas emiten facturas en dos o más estados y algunas de ellas tienen un modelo de desvío establecido en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Comercializadora Ramaja SA de CV, por ejemplo, emitió facturas apócrifas a 11 entidades federativas a través de 21 instituciones públicas.
Además, estas empresas “disfrazan” sus servicios en no entregables, es decir, no proporcionan insumos médicos, sino que son usadas, por ejemplo, para comprobación de viáticos como hospedaje o alimentos lo que implica un “robo hormiga” en las instituciones de salud.
Luis Pérez de Acha destacó que estos desvíos se presentaron principalmente desde el Seguro Popular y sostienen el discurso del gobierno federal para la creación del Insabi pues es “una insensatez seguir destinando recursos que serán desviados” con irregularidades como el subejercicio, la falta del comprobantes, el que se transfiere el dinero a otros programas, los pagos a personal no localizado y servicios no prestados; exhibió que en estados como Michoacán y Durango no lograron obtener una sola factura por trabas de las dependencias de salud estatales y del propio SAT.
Impunidad Cero prepara ya la presentación de denuncias por delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada y expedición, enajenación, compra o adquisición de facturas falsas para que se pueda dar con los verdaderos creadores de estas empresas.
Agregaron que colaboran ya con la UIF y el SAT para que se mejoren las indagatorias y procesos de investigación contra factureras y empresas fantasma, pues no se les bloquean sus cuentas bancarias, siguen operando y solo omiten la emisión de facturas.
“Esta investigación inició desde antes de que López Obrador señalara los desvíos en el sector Salud y aunque no puede suspenderse del todo el servicio pues al tratarse de vidas lo hace más delicado, es importante que las autoridades tomen nota de esta investigación para que rastreen el destino de los recursos.“Es una investigación dolorosa porque ratifica que lo que debería ser prioridad humana se ha convertido en una bolsa para beneficios privados. Por tendencia no podemos decir que se acabó en el 2019, es un esquema y sistema ya instalado, son pandillas bien consolidadas, está bien armado y se debe dar seguimiento para saber en dónde está enquistado”, agregó Federico Reyes Heroles de Impunidad Cero.
Destacaron que éstos fueron los casos que pudieron documentar en esta investigación que iniciaron en 2014 pero en ese mismo periodo, la Auditoría Superior de la Federación estima irregularidades por casi 99 mil millones de pesos por lo que la red de desvíos es mucho más grande.
AE