Urge una reforma profunda al Poder Judicial para atender realidad del pueblo mexicano: Lenia Batres

La ministra Lenia Batres Guadarrama reiteró la necesidad de una reforma que se comprometa con la resolución de las injusticias que se viven todos los días.

Lenia Batres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México | (Cuartoscuro)
Ciudad de México /

En un inédito informe con motivo de su cuarto mes en funciones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama reiteró la necesidad de “una reforma profunda” al Poder Judicial de la Federación, bajo los principios de justicia social, austeridad y transparencia.

“Es necesario que esta Corte se democratice, que acerque su integración y resoluciones a la realidad del pueblo mexicano. Que tenga contrapesos que eviten que incurra en excesos.
“Que, al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente”, y esa, dijo, “esa es la única razón que motiva mi pertenencia”, refirió.

A menos de cuatro meses de haber tomado protesta ante el Senado de la República -14 de diciembre de 2023- la ministra aprovechó el foro para enlistar ante diputados, senadores, sus actividades y su agenda de trabajo.

Presumió haber “deliberado y votado” 490 asuntos: 51 de ellos, en 28 sesiones ordinarias de Pleno, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; 439 asuntos, fundamentalmente amparos en revisión, en 10 sesiones de la Segunda Sala, especializada en temas administrativos, fiscales y laborales.

Sobre proyectos específicos mencionó la validez de la Ley General sobre Control de Tabaco que era impugnada por casinos; el derecho de concubinas y concubinarios a recibir pensión de viudez; el otorgamiento de licencia laboral a padres y madres con hijos con enfermedades graves, entre otros.

Asimismo, se refirió a “la anulación de leyes por proceso legislativo”, lo que, dijo, “laceran la democracia y el equilibrio de poderes de nuestro país”.

En este sentido, explicó que: “los criterios prevalecientes para la invalidación se relacionan con las consultas previas, libres e informadas en materia indígena, pero no para obligar a que se incorporen en las leyes, sino para que se consulte si deben establecerse”.
“Es decir, se invalidan leyes que están dando cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de prever las consultas ante actos de gobierno; no leyes que omiten establecerlas”.

Otro criterio que “ha llevado a este alto volumen de legislación invalidada”, dijo, es la “democracia deliberativa”, concepto con el que la Corte ha dotado de parámetros de cumplimiento obligatorio por los poderes legislativos del país.

“El resultado es que la Corte ha terminado imponiendo las reglas de funcionamiento de los congresos de los estados y de la Federación a tal grado que le ha ordenado que mayorías y minorías deben funcionar ‘en condiciones de igualdad’, con lo que se descalifica la principal cualidad que debe sostener una democracia que es la preeminencia de la mayoría”.
Y criticó: “se han impuesto reglas absurdas como la obligación de fundar y motivar la votación de urgente u obvia resolución, aunque se trate de una decisión mayoritaria”. 

Sin embargo, anunció que ya se ha abierto la posibilidad de revisar en el pleno de la Corte estos criterios imperantes.

En su mensaje, también se refirió a la austeridad, y recordó que a su ingreso, solicitó la reducción de sus percepciones para ajustarse al límite del artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Toda vez que la solicitud fue rechazada, he estado realizando la devolución correspondiente ante la Tesorería de la Federación”.
“En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, he ahorrado a esta Suprema Corte un gasto de 962,492.78 pesos, que al 15 de abril próximo, que se cumplen los cuatro meses a los que corresponde este informe, ascenderá a 1,198,363.86 pesos. Con estos recursos, la Federación habrá podido pagar durante cuatro meses a 100 personas adultas mayores su pensión universal correspondiente”.

Además, agradeció a su equipo, conformado por 50 personas, que “aceptó de inmediato la única condición que les puse para incorporarse”.

“Renunciaron a recibir el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, además de los bonos que superaban el salario del Presidente de la República”, agregó.

Finalmente, en cuanto a la Transparencia, mencionó, es lo único que puede evitar “que esta Corte funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados”.

De ahí, la necesidad de hacer públicas las sesiones de las Salas de la Corte, la celebración de audiencias públicas para escuchar a la sociedad en temas de relevancia nacional, “dada la larga tradición de funcionamiento hermético de esta Suprema Corte”.

De manera particular, dijo que ya solicitó la realización de las audiencias “en temas sensibles para la sociedad” como el control de precursores químicos (fentanilo), el servicio ferroviario y asignación a entidades paraestatales (Tren Maya), créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (conversión de unidades de medida y actualización a pesos) entre otros.

Aunque ninguno de esos casos se ha agendado todavía, ironizó, “quizá pecando de ingenuidad, tengo expectativas de que se abra la Corte a la discusión pública de los temas socialmente relevantes a su cargo”.
Y concluyó: “Por eso, seguiré informando sobre lo que aquí se debate y resuelve. Que no quede duda. Seguiré explicando también el sentido de mi voto y de las sentencias que presento.
“La función imparcial, independiente y autónoma de las personas juzgadoras no implica neutralidad e indiferencia con los asuntos que aquí se abordan”.

A este primer informe, estuvieron presentes familiares de la ministra como Antonia Hernández, Cuauhtémoc Batres, Viétnika Batres Guadarrama, Valentina Batres; así como los senadores Sergio Pérez Flores, Blanca Estela Piña, Reyes Flores Hurtado, Martha Lucía Mícher, y Adolfo Gómez Hernández.

Entre los diputados presentes, estuvieron Hamlet García Almaguer, Adriana Bustamante Castellanos, Ana Lilia Flores Galindo, Marisol Gasé; así como la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal María Estela Ríos González; Celia Maya García, Consejera de la Judicatura Federal y Natalia Téllez, Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.


ksh


  • Amílcar Salazar Méndez

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