En el 2023 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México podrá ejercer totalmente su autonomía financiera porque el Poder Ejecutivo les entregará la nómina y todos los capítulos que señala la ley para que se encarguen de hacer sus pagos y todas sus actividades, dio a conocer el presidente dela comisión de Finanzas del Congreso local, Francisco Javier Santos Arreola.
Desde hace cuatro años, recordó, la Legislatura le otorgó autonomía técnica y financiera a la FGJEM, pero sólo logró ejercer la primera porque su sistema no estaba preparado para hacerse cargo de todas las operaciones, por lo cual hasta este año los salarios y esa parte de su presupuesto se han ejercido desde la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
En varias ocasiones el ex fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, pidió que se hiciera la transferencia completa de funciones para que pudieran operar realmente como un órgano autónomo, lo cual se podrá concretar el siguiente año.
El diputado Francisco Santos, dio a conocer que este punto se abordó durante el análisis del Paquete Financiero del siguiente año y se acordó que ya le pasarán todo el control e incluso se le permitirá tener ingresos propios, a través del cobro de servicios, cómo es el fotocopiado que hacían de manera gratuita al público y representa un gasto, en lugar de una entrada, como ocurre en el Poder Judicial, dónde se cobra por las copias certificadas.
Su presupuesto pasará de 4 mil 593.2 a 4 mil 753.2 millones de pesos el siguiente año y todos los recursos serán ejercidos por la Fiscalía, sin intermediarios, cómo hace la UAEM, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Tribunal y el Instituto Electoral.
El legislador indicó que la Fiscalía ya cuenta con la modernización tecnológica que se requiere. "El 2023 será el año en el cual realmente se aplicará la autonomía financiera de la fiscalía, pues la idea es que pudiera tener y manejar todos los capítulos que señala la ley".
Aunado a ello le plantearon que la expedición de certificados de antecedentes no penales se hiciera en dos vertientes, una para cualquier ciudadano, sin costo y otra para quienes buscan ingresar a laborar a alguna empresa de seguridad privada, la cual sí generaría un costo y con ello una entrada para la Fiscalía, con la cual incrementen en alguna medida sus ingresos o al menos recuperen el gasto en la generación de los mismos.