La Fiscalía General de la República (FGR) ha cumplido parcialmente con las resoluciones que ha emitido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para abrir el expediente del caso Odebrecht, así lo aseguró Francisco Javier Acuña, el comisionado de la institución y ex presidente del organismo.
En entrevista con MILENIO, consideró como un buen avance que la FGR haya atendido una de las resoluciones del INAI, dictada en noviembre pasado, con la cual difundió una lista de personajes que rindieron declaración ministerial en 2017 ante la entonces PGR por el caso Odebrecht, incluido el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, así como la versión pública de esos interrogatorios.
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El pasado 13 de enero, MILENIO dio a conocer que la FGR había publicado ya 36 interrogatorios a 22 ex funcionarios de Pemex y abogados de Odebrecht, en los que se daban detalles de las dudas que hubo entre los ex servidores públicos cercanos a Lozoya respecto de las adjudicaciones y firma de algunos de los contratos entre la petrolera y la compañía brasileña.
Las declaraciones ministeriales, ya reveladas en versión pública, son el resultado de las entrevistas que hizo la entonces PGR en 2017; sin embargo, no hay información de las declaraciones ministeriales recabadas desde 2018 al 2021.
Para Acuña, esas primeras declaraciones ministeriales ya desclasificadas forman parte de la información que deberá hacerse pública antes del 17 de febrero del 2022, en cumplimiento a la resolución del pleno del INAI del 17 de noviembre del 2021, en la que se determinó convertir el expediente en una obligación de transparencia.
No obstante, el comisionado explicó que hace falta que la FGR publique la versión pública de la averiguación previa o carpeta de investigación completa, en la que se pueda ver toda la documentación que ha concentrado el expediente desde enero de 2017 hasta agosto de 2021.
La instrucción del INAI del pasado 17 de noviembre es que esa carpeta de investigación se convierta en una obligación de transparencia de la FGR, debido a la gran cantidad de solicitudes que se han formulado para conocer esa documentación, lo que significa que la Fiscalía tiene que subir una versión pública, en formato digital, a su portal de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia y actualizarla cada tres meses.
Esa resolución vino a reforzar la primera que emitió el INAI sobre Odebrecht, dictada en octubre de 2018, cuando se ordenó por primera vez que una versión pública del expediente sea exhibida a la sociedad, por tratarse de un caso de interés público.
Después de la resolución del 17 de noviembre pasado, la FGR tiene tres meses, que se cumplen el 17 de febrero para subir todo el expediente, en versión pública, a su página de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), explicó Acuña Llamas.
"Al 17 de febrero tendría que estar atendida la instrucción de la carpeta de investigación en versión pública", dijo el comisionado.
Al respecto, el comisionado afirmó que "hay dos momentos históricos en el asunto Odebrecht, por parte del INAI; se ha cumplido parcialmente con el segundo (de 2021), mientras que el primero (de 2018) sigue sin cumplirse".
Explicó, por ejemplo, que, de la resolución del 2021, también falta que la FGR publique el acta del comité de transparencia en la que desclasifican la información de interrogatorios y personas interrogadas.
Pero añadió el cumplimiento al primer momento sigue pendiente, referente a publicar la carpeta completa y los datos estadísticos que dan forma al expediente.
"Queremos saber cuánto se ha hecho al respecto, cuántas notificaciones, cuántas citaciones, cuántas diligencias, cuántos interrogatorios, cuántos envíos o recepciones de documentales del extranjero o internas entre las dependencias, o sea, la numeralia de la gestión, lo que el Estado mexicano, a través de esa dependencia, ha invertido en el asunto en términos numéricos", afirmó.
Acuña añadió, además, que la resolución de noviembre de 2021 abarca hasta agosto del año del 2021 y ya no hasta octubre de 2018, como se había ordenado en la primera resolución.
"La temporalidad que nosotros recorrimos con nuestra instrucción hace que todo cuanto hay u obre en esta averiguación previa, carpeta de investigación, desde enero de 2017 hasta agosto de 2021 se tiene que reconocer y facilitar", dijo.