La petición de Luis Donaldo Colosio Riojas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador indulte a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, llega luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) de la actual administración interrogara a 99 personas en un nuevo intento por esclarecer el asesinato del entonces candidato presidencial.
A través de un recurso de transparencia, MILENIO obtuvo un informe de las indagatorias iniciadas el 5 de abril de 2022. El documento revela que 45 peritos, 24 testigos y 19 policías han sido llamados a declarar, todos ellos relacionados con una averiguación previa que había sido abierta en febrero de 1995.
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En plena campaña electoral para conseguir un asiento en el Senado, el alcalde de Monterrey dijo: “Este asunto ha estado ya muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Apelando a la compasión del Presidente yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final, que permita que tanto mi familia como México sanemos”.
Además consideró “que la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página”.
Las declaraciones de Colosio Riojas llegan justo cuando la FGR ha vuelto a poner sobre la mesa que el 24 de marzo de 1994 hubo “un segundo tirador” en Lomas Taurinas. Se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un sinaloense que fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo Colosio. Su chamarra blanca tenía sangre: por eso fue trasladado por agentes a las oficinas de la PGR.
Poco después se sabría que trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación. En los expedientes de la PGR se presentan los estudios químicos de la prueba de Harrison Gilroy, conocida como Rodizonato de Sodio que se le realizaron.
“Palmar derecho positivo; dorsal derecho positivo; palmar izquierdo negativo; dorsal izquierdo positivo”, señala el dictamen firmado por cuatro peritos químicos, el cual concluyó que en las manos de Sánchez Ortega existía la presencia de plomo y bario. Esto indica que disparó un arma de fuego.
Sin embargo, el sospechoso de haber realizado “el segundo disparo” quedó libre porque aseguró que no iba armado el día del magnicidio, aunque admitió que había sido comisionado para informar al Cisen sobre el evento.
La nueva investigación
El informe de la Fiscalía creada en abril de 2022 señala que el equipo integrado por 18 personas trabaja en la investigación número SE/003/95, la cual ha realizado hasta ahora 472 diligencias: actos y movimientos que han dejado constancia documentada para reunir indicios que esclarezcan los hechos.
Gracias al informe que entregó la FGR, hoy se sabe que la averiguación previa que reabrió esta administración es la SE/003/95, iniciada por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla. El Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta es ahora comandado por Abel Galván Gallardo, un funcionario que hizo su carrera en la fiscalía de Baja California.
Según el informe, en la fiscalía trabajan 18 personas: un Fiscal Especial en jefe con un asistente, un Subcoordinador Ejecutivo con un asistente, un Supervisor Especializado, un jefe de departamento, siete Ministerios Públicos y cinco Auxiliares Ministeriales.
Aunque el expediente no revela el nombre de las personas para cuidar la investigación, algunos de los testigos se han acercado a este diario para contar cómo han sido los interrogatorios.
Entre ellos está el ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, quien sostiene la versión de que Aburto “estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado de inconsciencia”. Desde entonces mantiene la misma versión de los hechos.
El primer abogado de Aburto, Xavier Carbajal, aseguró que tenía la impresión de que el interrogatorio “tiene tintes políticos” y comentó que le hicieron 113 preguntas relacionadas con la detención de Mario Aburto Martínez. Otro de los abogados que fue llamado a declarar fue Marco Antonio Macklis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994.
A estos testigos también se le interrogó como parte de otra averiguación previa, la 2080/94, sobre la tortura de Aburto, y que está ligada a la SE/003/95, es decir, sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
Aunque el informe de la FGR no detalla el monto ejercido, explica que esta investigación se apoya con el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para 2023 fue de 10 millones 777 mil 596 pesos.
La averiguación SE/003/95
El entonces fiscal Pablo Chapa Bezanilla inició la averiguación previa SE/003/95 el 24 de febrero de 1995. Según documentos judiciales, este expediente se sumaría a otras investigaciones del homicidio para practicar nuevas diligencias que no se habían hecho en 1994.
Este diario revisó que hasta el año 2000 se habían recabado 61 testimonios de personas que presenciaron la caída de Colosio cuando le dispararon, la posición de Aburto, su aproximación al candidato, entre otros datos relevantes sobre el día del atentado.
También intentaron reconstruir con la mayor exactitud posible la cronología de hechos sucedidos durante la estancia de Mario Aburto en las instalaciones de la PGR en Baja California, entre las 17:30 horas del 23 de marzo a las 6:45 horas del día siguiente, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez.
Chapa Bezanilla aseguró que a través del expediente SE/003/95 lograron esclarecer en forma “lógica” muchos de los señalamientos, e incluso de las especulaciones y sospechas, en torno al autor material del crimen y el homicidio mismo que se suscitaron en México durante esos años.
“La descripción sucesiva de hechos permite, además, ubicar distintos acontecimientos que se fueron sucediendo, que en forma separada tienen una compleja explicación, pero a la luz de su conjunto se pueden visualizar con mayor claridad. Aun cuando la mayoría de las horas señaladas en esta cronología pueden no ser exactas o precisas, atendiendo al recuerdo borroso de los testigos por el tiempo transcurrido”, dijeron a través de un informe.
En esta averiguación también pueden encontrarse el acta de nacimiento de Aburto, su fe de bautizo, pertenencias de su padre, Rubén Aburto, correspondencia familiar, cartas anónimas de 1999 que recibieron, dictámenes de audio y video elaborados por Michael Kasis Petraki, un perito de voz que estaba dentro de la investigación.
Sin embargo, desde el 2000 no se realizaron más interrogatorios dentro de esta averiguación previa, hasta que la FGR reabrió las indagatorias en abril de 2022.
IOG