La Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a raíz de la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, contra Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
Además, contra Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
Ambos funcionarios, presuntamente incurrieron en conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes.
También se procedió contra el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua; Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo Apodaca Magalanes, jefe del departamento de recursos materiales, quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada CAMSA y al propio INM, la fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, detalló la dependencia.
Asimismo, recordó que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
En razón de ello, la Fiscalía General de la República ha investigado dos líneas paralelas de información:
- La primera, dentro de dicho órgano desconcentrado
- La segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, una situación semejante, lo que dio como resultado una persona muerta y 14 más lesionados.
Lo anterior generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el Instituto Nacional de Migración se siguen cometiendo.
“E indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, añadió.
Repatriación de víctimas
La repatriación de 23 de las 40 personas migrantes que perdieron la vida en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo la mañana de este martes, dio a conocer personal de la dependencia.
“La mañana de este martes, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, encabezados por su titular, Francisco Garduño Yáñez, se trasladaron al Aeropuerto Internacional “Abraham González” de Ciudad Juárez, donde arribaron las carrozas funerarias que trasladaban a las personas fallecidas, 17 de Guatemala y seis de Honduras”, informó el INM en un comunicado de prensa.
En el aeropuerto estuvo presente Garduño Yáñez, quien ha evitado dar declaraciones y responder públicamente sobre el incendio ocurrido en la estación migratoria que estaba bajo su responsabilidad.
Únicamente a través de redes sociales el funcionario ha difundido algunas fotografías indicando que ha estado al pendiente del estado de salud de los lesionados, así como de las gestiones para la repatriación de los cuerpos de las víctimas; además de afirmar que permanece en Ciudad Juárez.
En el parte de prensa, se detalló que a la repatriación de las víctimas mortales asistieron el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores, así como el vicecónsul de Honduras, Darwin Medina, quienes permanecieron junto a los familiares de los fallecidos.
Los deudos, así como las autoridades de Guatemala y Honduras, viajaron en los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para acompañar a sus connacionales hasta llegar a su país de origen.
Las autoridades consulares de Guatemala y Honduras corroboraron la documentación y acreditación de los expedientes de cada una de las víctimas.
Hasta el momento, han sido repatriados 31 víctimas mortales del siniestro en la estación migratoria de Ciudad Juárez, indicó el INM.
Por su parte, Karla Iveth Gutiérrez Isla, coordinadora del Registro Civil en Ciudad Juárez, informó que esa dependencia ha entregado las actas de defunción, así como las autorizaciones de inhumación y traslado de 31 víctimas del incendio.
Se trata de una persona migrante oriunda de Colombia, 17 Guatemala, seis de Honduras y siete de El Salvador, detalló Gutiérrez Isla.
También indicó que aún se está a la espera de la identificación y solicitud formal de siete cuerpos de personas nacidas en Venezuela, así como de uno más de Guatemala. Este último está en pruebas de ADN, debido a que no cuenta con documentación de identidad, precisó la funcionaria.
Por otra parte, se emitió la documentación de la víctima que falleció en Ciudad de México, quien perdió la vida cuando fue ingresado a un hospital.
Gutiérrez Isla señaló que el cuerpo de la primera persona -de nacionalidad colombiana- se envió el pasado 3 de abril y a partir de ese momento comenzaron los traslados.
Las víctimas de El Salvador viajan vía terrestre. Las personas de Guatemala y Honduras vía aérea.
¿Quién es Francisco Garduño?
Francisco Garduño es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Desde 1972 ha colaborado en la administración pública, destacando su participación en la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal.
Se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y fue coordinador del “Gobierno Legítimo” en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Su experiencia como funcionario fue mayormente en materia penitenciaria, lo cual generó alertas a las organizaciones en pro de los derechos de migrantes.
Su llegada al Instituto Nacional de Migración en junio de 2019 fue polémica desde el principio, pues se dio tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, en medio de una fuerte crisis debido a las caravanas de migrantes que entraban por la frontera sur.
Su administración en el INAM fue criticada con señalamientos de opacidad, por las condiciones de las estaciones migratorias y el propio trato a quienes cruzan por nuestro país que ha valido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además con múltiples y polémicas declaraciones se mantuvo en numerosas ocasiones en la mira de organizaciones defensoras de derechos humanos.
JLMR / FR