El fiscal de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, reconoció ante el Poder Legislativo que la Fiscalía de la entidad tiene deficiencias e insuficiencias institucionales, pero aseguró que también tienen muchas fortalezas que los hace un referente a nivel nacional, que no tiene color ni interés político, sólo procurar justicia para toda la población mexiquense.
Durante su comparecencia ante la Legislatura para la glosa del cuarto informe de labores del Ejecutivo estatal, Alejandro Gómez Sánchez, los y las diputadas le cuestionaron por qué no ha logrado erradicar la corrupción en esa institución, reconocieron esfuerzos, pero han sido insuficientes para resolver la falta de justicia en la entidad.
El PVEM y PRD sostuvieron que el fiscal no tendría por qué comparecer para la Glosa del informe porque no forma parte del Poder Ejecutivo y como órgano autónomo debe acudir en abril, cuando presenta su informe anual de labores, en un acto individual, por lo cual buscarán sacarlo de este grupo para el siguiente año.
Le criticaron la falta de respeto a los derechos humanos, por lo cual Amnistía Internacional le gira recomendaciones; el bajo nivel de judicialización de carpetas, menor a 3 por ciento; la creciente impunidad, las cifras negras y el echar las campanas al aire pese a los escuetos resultados en siete años de gestión.
Cifras proporcionadas
Durante su participación el fiscal dedicó la mitad del tiempo a detallar las acciones que han llevado a cabo durante el último año en favor de las mujeres, donde consideró que han mejorado con la existencia de 14 agencias especializadas, más carpetas integradas y el doble de medidas de protección, donde destaca la expulsión de los violentados, porque la respuesta es crucial.
Dijo que los homicidios dolosos en contra de mujeres bajaron 21 por ciento y destacó que tres de las sentencias vitalicias de las ocho obtenidas en el país son del Estado de México, donde se han llevado a cabo los casos más crueles del país.
Añadió que han trabajo fuerte contra la trata de personas, encontrado a más gente, tanto a mujeres como a menores y adultos mayores a partir de 102 células de búsqueda, además de lograr detener a 179 personas con nivel jerárquico en el crimen organizado, donde destacan 82 integrantes de La Familia Michoacana que operan en el sur de la entidad, a quienes les decomisaron armas, vehículos y objetos de radio comunicación, además de desmantelar más de 50 puestos de vigía.
Reconoció que hay delitos que van al alza como la pornografía infantil y que en feminicidio la entidad va a tener siempre los números más altos por el tamaño de su población, aunque reconoció que la media de este delito en la entidad es superior a la media nacional que se ubica en 1.02 contra 1.08 estatal.
Sin embargo, el año pasado la entidad estaba en el lugar 10 a nivel nacional, en este año ya está en el número 13, lo cual significa que mejoraron tres posiciones y empieza a contenerse este delito, aunque no estarán contentos hasta que no haya un solo feminicidio, donde los municipios y otras autoridades tienen mayor carga de trabajo con la prevención, pues la Fiscalía entra cuando ya se consumó el delito.
En secuestro, añadió, también hay avance por un decremento de 15 por ciento en los dos últimos años, la liberación de víctimas. “Desde luego nos falta muchísimo” en bajar las cifras negras y en eso se está trabajando, así como en la percepción de confianza y en la incidencia de casos de corrupción.
“Hemos combatido la corrupción de mil maneras” y cada año se ha mejorado en la percepción de corrupción, aunque siguen mal, pues siete de cada 10 mexiquenses no confía en el personal de esta institución. Aunado a ello ha digitalizado servicios para el contacto, se han impuesto sanciones, donde el principal problema es el abuso de autoridad.
Insistió que hace falta personal, pues tienen menos de la media nacional y no obstante la Fiscalía está dando resultados.
Legislatura no ve mejoras
El presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, aseguró que como representantes populares no serán cómplices de la corrupción y de la injusticia. Aclaró que esta postura no es para sacar raja política sino simplemente la realidad: corrupción e impunidad.
Puntualizó que en siete años de gestión los avances no son elocuentes, por lo cual le pidió que en los dos faltantes se reivindique y entreguen resultados porque “la gente no ve luz en este túnel de la corrupción y la impunidad; urge. Las cosas no han mejorado, el avance es mínimo” y entre los sectores más corruptos está el Ministerio Público y la policía ministerial.
“Si bien el tema es responsabilidad compartida, es usted quien tiene la obligación de hacer real la impartición de justicia, que se aplique la ley, no de manera facciosa, sino de forma imparcial, equitativa y sin distingo”, abundó.
En tanto, Rigoberto Cervantes, de Nueva Alianza, cuestionó el bajo combate a la corrupción con sólo nueve funcionarios sancionados; Juana Bonilla, de MC, dijo que varios municipios de la entidad rebasan la delincuencia de otras entidades y sacó a relucir la recomendación de Amnistía México por las deficiencias en el respeto a derechos humanos.
Omar Ortega, del PRD, aseveró que pese a las cifras alegres la entidad es la primera en feminicidios y delitos como la extorsión y trata de personas siguen al alza; Francisco Rojas, del PAN, criticó que 96 por ciento de los delitos no son castigados y María del Carmen Mendoza, de Morena se quejó que la justicia no es para todos y falta perspectiva de género.
KVS