Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, calificó de “invasiva e irresponsable” la sentencia con que un tribunal colegiado ordenó la creación de una comisión investigadora de la verdad para el caso Iguala, al tiempo de advertir que la PGR puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, a fin de que la Suprema Corte resuelva en definitiva al respecto.
En conversación con Carlos Marín para El asalto a la razón, el responsable de las primeras investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas sostuvo que el fallo de los magistrados violenta el principio de división de poderes, al invadir facultades legislativas y desconocer la atribución exclusiva del MP para investigar y perseguir delitos.
—¿Es una resolución jurídica o política?
—Para mí es una resolución de carácter político y eso me parece irresponsable, porque sienta un mal precedente en la historia del país; hay quien cree que es una sentencia innovadora y sí, sí lo es, porque están yendo más allá de sus atribuciones.
Aclaró que no se opone a la creación de una comisión de la verdad, “pero no de esta manera, porque aquí estamos hablando de un híbrido, de un bodrio que saca cosas de uno y otro lado y esto no va a llegar a buen puerto”.
—¿Lo que sabemos es verdad histórica o verdad jurídica?
—Es una verdad jurídica, más allá de lo histórico. Lo histórico no necesariamente empata con lo legal y, por lo tanto, lo correcto es hablar de verdad legal, verdad jurídica o teoría del caso.
“Esta sentencia coincide con una investigación que estaba en curso hace algunos meses en la visitaduría general de la PGR, que encabezaba César Chávez, y es de llamar la atención, porque existe correspondencia con esa investigación en curso y existe también correspondencia con los organismos detrás de los padres”, indicó.
Cuestionó además las facultades del tribunal colegiado para crear una comisión de la verdad, cuando este acto debe ser producto de un proceso legislativo o de un decreto del Ejecutivo.
—¿Quién entablaría la revisión?
—Tiene que ser la PGR y faltaría ver qué es lo que se desprende del estudio que está haciendo la CNDH, porque también le están atribuyendo facultades que no tiene legalmente, y pareciera que quien tiene aquí la voz mandante son los representantes de los padres de los normalistas o los grupos que están detrás de ellos.
Rechazó categóricamente las declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos que lo señalan como protector de Los Rojos, al tiempo de afirmar que durante su encargo como fiscal del estado se logró la detención de 100 miembros de ese grupo.
Sostuvo que la captura de 406 secuestradores de todas las organizaciones durante su gestión fue la más alta en el país y se tradujo en la reducción de la incidencia criminal en delitos de alto impacto.