Dos regidoras del Ayuntamiento de Tequila y una activista denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco al presidente municipal, Diego Rivera Navarro, por presuntos actos de acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones.
El caso quedó integrado en la carpeta de investigación 2809/2025-DX y, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, será indagado sin criterios políticos ni partidistas, en paralelo a otras denuncias contra el ayuntamiento por presunta extorsión a empresas, entre ellas la tequilera José Cuervo.
El gobernador confirmó que regidoras pertenecientes al PRI y a Morena presentaron denuncias contra el edil morenista y sostuvo que la Fiscalía tendrá plena autonomía para investigar.
“Yo lo que quiero garantizar es que la Fiscalía tendrá esa absoluta libertad en la propia investigación y que no habrá absolutamente ningún criterio político partidista”, afirmó. En ese sentido, insistió en que las acusaciones no se refieren a un delito sexual, sino a conductas vinculadas con el ejercicio del poder político y posibles actos de violencia institucional. “Por presunto acoso político, violencia en situación de género, creo que la cosa viene por ahí, no es sexual”, puntualizó.
¿Cuándo fueron interpuestas las demandas?
La denuncia de las regidoras Alondra Romero Cordero y Luz Elena Aguirre Sandoval, así como de la activista Maribel Flores Salazar, fueron recibidas el 10 de diciembre por la Vicefiscalía de Investigación Regional. En sus declaraciones, las tres mujeres describieron una serie de hechos que, sostienen, configuran un patrón de hostigamiento desde el gobierno municipal y un ambiente de riesgo para su integridad.
Alondra Romero asentó que desde octubre de 2024 el alcalde le negó el uso de la voz en sesiones de cabildo y que le retuvo su salario durante cinco quincenas consecutivas. También afirmó que desde marzo de este año se le prohibió el acceso físico a la sala de regidores. “Temo por mi integridad”, declaró ante las autoridades.
En la denuncia se consigna además que, derivado de la violencia que dice padecer, un familiar suyo recibió mensajes de texto con amenazas directas: le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”. La regidora sostuvo en el documento que teme por su vida y que considera que el presidente municipal “sí es capaz de cumplir con sus amenazas”.
Bloquean actividades institucionales de regidora
Luz Elena Aguirre, por su parte, denunció que fue eliminada de los grupos oficiales de comunicación del ayuntamiento y bloqueada del teléfono personal del alcalde, lo que, afirmó, le impide cualquier comunicación institucional.
Señaló que tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le cortó el servicio de agua y comenzó a sufrir un hostigamiento constante en el servicio de recolección de basura. En su declaración agregó que ha enfrentado ataques en redes sociales que atribuye al presidente municipal y a su equipo.
“He sufrido de ataques en redes sociales por parte del Presidente Municipal y de su equipo personal que tiene contrato precisamente para ese efecto, desprestigiando mi labor como regidora, mi persona y mi vida personal, de manera muy agresiva y permanente”, señaló.
Ambas regidoras afirmaron que recibieron mensajes de texto anónimos en los que se les advirtió “bajarle” o podrían sufrir un “levantón”. En la denuncia se precisa que la amenaza hace referencia directa al secuestro y agresión de Guillermo Cordero, tío de Alondra Romero, ocurrido en 2021.
Activista también fue amenazada; se unen denuncias de empresas
En el mismo expediente, la activista Maribel Flores Salazar declaró que fue amenazada en al menos cuatro ocasiones por sujetos que actuaban “de parte de Don Diego” y le exigieron dejar de apoyar a regidoras y empresarios del municipio.
En uno de los episodios, relató que recibió una llamada de un número desconocido y que una voz masculina le dio características exactas de su vestimenta, además de advertirle, según su testimonio, que si quería “que le bajara” a una de las personas con las que iba.
El gobernador vinculó este caso con un contexto más amplio de señalamientos contra el Ayuntamiento de Tequila. Lemus reiteró que el gobierno estatal tiene conocimiento de al menos 10 casos en los que empresas, entre ellas tequileras y hoteles, presentaron quejas por presuntos cobros irregulares, aunque dijo desconocer si existen más denuncias formales además de las ya reportadas.
“Son las que han presentado quejas ante el gobierno del estado, desconozco si alguna otra empresa tequilera presentará alguna otra denuncia; esperemos a ver cómo va concluyendo esta situación, pero sí quiero dejar muy en claro que esto no va a guardar una lógica político-partidista”, señaló.
Una de las denuncias que detonó la investigación por presunta extorsión fue presentada por la empresa José Cuervo, que acusó al ayuntamiento de imponer un cobro de impuesto predial hasta 20 veces mayor a lo jurídicamente establecido, así como una multa superior a los 60 millones de pesos. La querella, de acuerdo con lo informado, fue recibida por la Fiscalía de Jalisco, que abrió una carpeta de investigación en contra del presidente municipal y otros funcionarios.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que en esa denuncia se advierten posibles conductas constitutivas del delito de extorsión.
OV