La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León informó que está dispuesta a trabajar las investigaciones derivadas de las futuras denuncias que pueda presentar el gobernador, Samuel García, por actos de corrupción durante la administración del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
Luego de acudir a la presentación del Plan de Trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el Congreso local, Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción, dijo que, hasta ayer, el Área Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Movilidad se acercaron a su oficina con el objetivo de entregar la información que el órgano de justicia solicitó a la administración de Rodríguez Calderón.
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“Esperemos que con el cambio de administración puedan haber unas denuncias y las atenderemos oportunamente, los funcionarios quieren estar enterados del estatus de las carpetas de investigación”, manifestó el fiscal.
Garza y Garza indicó que durante el gobierno de “El Bronco” se abrieron diversas carpetas por hechos de corrupción, así como 17 de los municipios metropolitanos, sin que hasta el momento un nuevo alcalde haya presentado una denuncia en contra de su antecesor.
“Institucionalmente colaboraremos y no es de ocultarse, no tenía yo denuncias con elementos de pruebas suficientes para poder proceder (contra actos de corrupción), no dudo que lo más rápido posible vaya a tener una denuncia y actuáramos, no bajo las órdenes del gobernador, sino bajo la tutela de conseguir que las cosas se hagan bien”, apuntó el fiscal.
Expuso que, desde el 2018, año en que entró en funciones, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 10 denuncias en contra de la administración de Jaime Rodríguez, mientras que la Contraloría y Transparencia Gubernamental solamente presentó dos.
Por último, sobre el caso de un hombre y su esposa, ex funcionarios del Instituto Registral y Catastral, que recibieron sentencia de 3 años de prisión por desvío de recursos en esa dependencia y se ordenó la reparación del daño por un monto de 3 millones 553 mil pesos, el fiscal se mostró positivo porque los responsables deberán pagar lo que determinaron los jueces.
“Un Tribunal Colegiado de Juicio Oral condenó a la esposa a 2 años de prisión y solidariamente pagar esos 3 millones de pesos, hace la declaratoria en el sentido que se les dio participación. Estamos esperando a que se resuelva en definitiva la apelación, ahí los jueces determinaron a favor del Estado y el tema está en litigio”, finalizó.
Ayer, el gobernador Samuel García Sepúlveda expresó que, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, buscarán recuperar los recursos desviados.